La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó a su cuerpo de auditores controlar los gastos en la impresión de las boletas de campaña que hagan los partidos políticos en las próximas elecciones ante la “existencia de anomalías en la rendición de gastos del aporte público”.
Así lo definieron a través de una acordada de cuatro páginas firmada por los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.
Los jueces señalaron que “la ley 26.215 contempla la entrega de fondos públicos a los partidos políticos para el financiamiento de actividades de desenvolvimiento institucional”, pero recordaron que “corresponde a la Justicia Nacional Electoral controlar la legalidad sobre el origen y destino de los fondos y patrimonio de los partidos políticos”.
“En ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, administrativas y reglamentarias, esta Cámara ha tenido siempre un rol activo en la adopción de decisiones dirigidas a alcanzar la verdad jurídica objetiva sobre el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales”, destacaron.
En ese marco, subrayaron: “Ya en el año 2017 esta Cámara hizo notar el incremento exponencial de la cantidad de listas de precandidatos oficializadas para las elecciones primarias, que en aquél entonces implicaba un aumento de más del 400 por ciento en relación con comicios anteriores”.
“Corresponde adoptar medidas orientadas a verificar la actividad material y comercial efectiva de los terceros que aparecen contratados por las agrupaciones políticas para llevar a cabo aquella impresión”, agregaron.
Además, indicaron que “cuando lo estime necesario el Cuerpo de Auditores Contadores podrá solicitar datos, documentación y cualquier otro elemento relevante para verificar la actividad comercial de la empresa encargada de la impresión de boletas de votación de una agrupación política”.
“En cuanto a la forma de pago, cabe asimismo señalar que -atento al volumen de gasto implicado- correspondería que la erogación se formalice únicamente por medio de cheque cruzado ‘no a la orden’ o bien, mediante transferencia bancaria y que se acompañen esos comprobantes junto con las constancias del gasto incurrido”, puntualizaron.
Por último, detallaron que solicitarán a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “su colaboración para la instrumentación de las medidas reseñadas”.
