La Fiscalía de Bolivia pidió este lunes una condena de 30 años de prisión para la expresidenta de facto Jeanine Áñez al acusarla formalmente de “genocidio” por su rol en la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en la que murieron 20 personas y otras 200 resultaron heridas.
El Ministerio Público extendió su petición de cárcel a otras 17 personas, entre las que se incluyen varios de sus colaboradores de confianza, así como a antiguos altos mandos militares y de la Policía, según informó la agencia de noticias estatal ABI, el diario local El Deber y recogió la agencia de noticias Europa Press.
“Se ha formulado acusación fiscal en contra de 18 persona, entre ellas Jeanine Áñez Chávez, quien al momento del hecho ejercía las funciones de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”, informó el fiscal general, Juan Lanchipa, en conferencia de prensa.
Entre los señalados se encuentran los entonces ministros de Gobierno; Arturo Carlos Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y el de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, a los que la Fiscalía acusa de “la comisión del delito de genocidio y la grave afectación al bien jurídico más importante, que es la vida”.
A la lista se le suman los nombres del entonces comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Carlos Orellana; el jefe del Estado Mayor, Pablo Arturo Guerra; el inspector general de las Fuerzas Armadas, Aldo Bravo Méndez; y los respectivos comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército de tierra, entre otros.
