La Justicia Federal de Santa Fe solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el funcionamiento de una cueva financiera ubicada en el Puerto de la ciudad. En el caso, iniciado en septiembre de 2023, se acusa a cinco personas de delitos como intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
La investigación comenzó tras un allanamiento en un departamento del Puerto, donde la policía encontró 45 millones de pesos, 83 mil dólares, 22 mil euros y 23 mil reales, junto a 39 tarjetas de débito y documentación bancaria. También fue detenido Ángel Yamil “el turco” Benavídez, exfuncionario municipal, quien se encontraba en el lugar.
Los fiscales Walter Rodríguez, Milagros Traverso y Diego Orzuza Kock presentaron pruebas contra Benavídez y otros cuatro implicados: la contadora María Laura Miassi, Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo y Carlos Raúl Quartucci. Según el requerimiento, la cueva operaba desde 2020 utilizando cuentas de personas vulnerables, quienes fueron engañadas para ceder sus datos personales. A través de estas cuentas, los acusados bancarizaban la compraventa de dólares y realizaban transferencias millonarias fuera del control estatal.
Las transacciones habrían superado los 305 millones de pesos, distribuidos entre 3,653 transferencias recibidas y 340 enviadas. Además, las ganancias fueron utilizadas para adquirir bienes y financiar viajes al exterior, incluido un mes en España y la asistencia al Mundial de Fútbol de Qatar 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeona.
El rol de Miassi, pareja de Benavídez, fue central en la estructura, ya que aportó conocimientos contables para registrar operaciones, controlar el stock de billetes y calcular ganancias. La fiscalía también señala que emitió facturas apócrifas para legitimar ingresos.
Entre las acusaciones, Benavídez enfrenta cargos por intermediación financiera no autorizada, defraudación mediante tarjetas de débito falsas, lavado de activos agravado y recepción de bienes ilícitos. Miassi, por su parte, fue acusada de lavado de activos agravado y recepción de bienes ilícitos, entre otros delitos. Los otros imputados también enfrentan cargos vinculados a la intermediación financiera y el lavado de activos.
