El proyecto de nueva Ley de Discapacidad que el Gobierno nacional prevé enviar al Senado generó fuerte preocupación en organizaciones del sector, que advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos y acceso a beneficios.
En diálogo con EME, la abogada y presidenta de la Asociación Civil Incluíme Santa Fe, Mariela Peña, expresó su inquietud frente a la iniciativa, que se presenta bajo el argumento de combatir el fraude en pensiones por invalidez, pero que —según sostuvo— implicaría modificaciones de fondo en el sistema de asistencia.
“No deja de sorprendernos el ensañamiento del Gobierno nacional con el colectivo de discapacidad. Cuando creemos que se han saldado ciertas deudas, aparecen con algo nuevo que demuestra que hay un plan sistemático para eliminar derechos”, afirmó.
Peña aclaró que, hasta el momento, el contenido del proyecto se conoce a través de trascendidos, ya que aún no fue formalmente presentado en el Congreso. Sin embargo, remarcó que las versiones indican un cambio en el esquema actual de pensiones.
En ese sentido, recordó que en el marco de la ley de emergencia en discapacidad se había logrado diferenciar tres tipos de beneficios dentro de la seguridad social: pensiones por discapacidad, por invalidez y para personas mayores. “No es lo mismo hablar de discapacidad, invalidez y vejez. Ahora el Gobierno vuelve a mezclar todo en un único beneficio, centrado en un enfoque médico hegemónico que no refleja la realidad de todas las personas con discapacidad”, explicó.
Además, advirtió que el proyecto retomaría criterios normativos anteriores a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que implicaría un retroceso respecto a conquistas alcanzadas en los últimos años.
Otro de los puntos cuestionados es la posible reinstauración de incompatibilidades entre el acceso a una pensión y el trabajo formal. “Si una persona con discapacidad consigue un empleo en blanco, sin importar el ingreso, perdería la pensión. Esto desalienta la inserción laboral y termina excluyendo aún más”, señaló Peña.
Finalmente, la referente sostuvo que este tipo de medidas profundizan la estigmatización del colectivo: “Siguen reforzando una mirada que limita derechos en lugar de ampliarlos”, concluyó.
