La provincia de Santa Fe llevó adelante en Rosario una nueva subasta de bienes incautados al delito que volvió a reunir una importante convocatoria y permitió recaudar cifras millonarias. En esta quinta edición, se destacó la venta de un avión que fue adquirido por pilotos cordobeses en 70 millones de pesos.
El evento se realizó en el Salón Metropolitano y contó con la participación de 5.411 inscriptos provenientes de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes pujaron por un total de 150 lotes que incluían vehículos, motos y otros bienes decomisados.
Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política sostenida para quitar recursos a las organizaciones criminales y destinarlos a la sociedad.
En ese sentido, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, remarcó el objetivo de la subasta: “Queremos que tengan la oportunidad de hacer negocios, y que todo lo que se venda contribuya a debilitar a las organizaciones criminales que tanto daño causaron en la provincia. Estamos demostrando que no hay impunidad para nadie”.
Además, desde el área de Justicia y Seguridad señalaron que este mecanismo permite no solo avanzar sobre el delito, sino también fortalecer a instituciones públicas y reparar a víctimas.
En las cuatro subastas anteriores ya se habían recaudado más de 3.589 millones de pesos, fondos que fueron destinados a asistir a más de 60 instituciones, compensar a víctimas y sostener el funcionamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo encargado de administrar estos activos.
Para participar del remate fue obligatorio completar una inscripción online, cuyos datos fueron verificados por organismos de seguridad para descartar vínculos con el delito. Asimismo, en el caso de los vehículos subastados, la Provincia garantiza el bloqueo de dominio y la asignación de nuevas patentes, eliminando cualquier vínculo con los titulares anteriores.
Desde el Gobierno destacaron que esta política busca dar un destino social a los bienes incautados y contribuir a desarticular las estructuras económicas del crimen organizado.
