El Ministerio de Seguridad de la provincia intensificó las acciones frente a las amenazas anónimas en escuelas, una problemática que se multiplicó en los últimos meses. A través de intimaciones formales, el Gobierno busca que las familias de los menores responsables afronten los costos de los operativos desplegados ante cada alerta.
La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, explicó en EME que ya se realizaron notificaciones en distintos puntos de la provincia. Solo en los últimos días se concretaron 11 intimaciones, mientras que otras 18 se encuentran en proceso.
“Estamos en presencia de un delito, no de una broma”, remarcó la funcionaria, al tiempo que detalló que cada intervención implica un costo real vinculado al despliegue policial y de emergencias. En muchos casos, las cifras reclamadas ascienden a varios millones de pesos.
Las intimaciones son dirigidas a los adultos responsables de los menores —padres, abuelos o tutores—, quienes cuentan con un plazo de cinco días hábiles para responder. No obstante, Orsiani aclaró que se trata de un reclamo administrativo, por lo que se contempla la posibilidad de establecer instancias de diálogo para demostrar voluntad de pago.
“Entendemos que son montos importantes, por eso instamos a que se contacten con el Ministerio para encontrar mecanismos de cumplimiento”, señaló.
Uno de los aspectos que más llamó la atención es que, según datos oficiales, en alrededor del 80% de los casos los adultos desconocían la participación de los menores en los hechos. Las reacciones, muchas veces de sorpresa y enojo, evidencian la falta de conocimiento sobre estas conductas.
Hasta el momento, no se registraron pagos efectivos, aunque las autoridades aseguran que los plazos legales aún están vigentes. En caso de incumplimiento, el Estado avanzará con acciones judiciales para recuperar los costos generados.
