El debate sobre el proyecto de ley que busca regular o prohibir la actividad de los cuidacoches en Santa Fe sumó este miércoles una nueva mirada. Representantes de las Pastorales Sociales de Santa Fe y Rosario participaron de un plenario conjunto de comisiones de la Cámara de Diputados y plantearon la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva social, además de la seguridad.
La exposición se realizó ante las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General, que analizan la iniciativa ya aprobada por el Senado provincial.
Una mirada social sobre el fenómeno
Al respecto, Melissa Seimandi, integrante de la Pastoral Social de Santa Fe, explicó que la participación de la Iglesia surgió a partir de una presentación realizada por la Pastoral Social de Rosario, que solicitó ser escuchada durante el tratamiento legislativo.
Según indicó, el planteo estuvo basado en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y partió de una diferenciación entre quienes realizan la actividad por necesidad económica y quienes recurren a prácticas coercitivas o delictivas.
“Hay personas que ofrecen un servicio de cuidado o lavado de vehículos a cambio de una retribución voluntaria porque fueron empujadas por una situación de necesidad. Pero también existen otras que utilizan amenazas o coacción. Esa situación debe ser atendida por el Estado y de ninguna manera puede ser avalada”, sostuvo en EME.
En ese sentido, remarcó que no todos los cuidacoches pueden ser considerados bajo una misma lógica y advirtió sobre los riesgos de generalizar conductas.
Cuestionamientos a una prohibición sin inclusión
Desde la Pastoral Social señalaron que una eventual prohibición de la actividad debería estar acompañada por políticas públicas que permitan la inclusión social y laboral de quienes dependen de esa tarea para subsistir.
“No puede haber una regulación restrictiva sin políticas activas de inclusión. Hay que atender el aspecto social, sanitario y alimentario de estas personas, y brindarles herramientas para que puedan salir de esa situación”, afirmó Seimandi.
La representante sostuvo que el objetivo no es perpetuar la actividad de los cuidacoches, sino generar oportunidades para que puedan acceder a empleos formales y condiciones de vida más dignas.
“Nadie quiere estar en la calle. Lo que decimos es que si se prohíbe la actividad debe existir un Estado presente que acompañe a esas personas. La ley no va a sacar al cuidacoche de la calle; lo que puede hacerlo es una atención integral”, agregó.
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Propuestas y experiencias alternativas
Entre las alternativas planteadas, las pastorales propusieron generar marcos legales y programas que faciliten la inserción laboral de quienes hoy trabajan como cuidacoches.
También destacaron experiencias de cooperativas de trabajo que permitieron reconvertir situaciones de vulnerabilidad en oportunidades de empleo formal.
Finalmente, Seimandi aseguró que durante el encuentro percibieron preocupación de los legisladores por la problemática y valoró el compromiso de analizar la situación contemplando las distintas realidades que atraviesan a quienes desarrollan esta actividad.
“Nos llevamos la sensación de que existe voluntad de incorporar esta doble mirada: la de quienes recurren a esta tarea por necesidad y la de quienes cometen delitos aprovechándose de ella. Esperamos que esa distinción también se refleje en la ley”, concluyó.
