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Polémica por la muerte de Villanueva tras el operativo de tránsito: la familia será querellante

La Justicia aceptó a la familia de Eduardo Villanueva como querellante en la investigación que busca determinar las circunstancias de su fallecimiento luego de sufrir una descompensación durante un operativo de tránsito en Plaza del Soldado. Su abogado sostuvo que existió un presunto abandono de persona y cuestionó el accionar de los inspectores municipales.

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La familia de Eduardo Villanueva, el automovilista que falleció tras descompensarse durante un control de tránsito realizado en Plaza del Soldado de la ciudad de Santa Fe, fue admitida como querellante en la causa judicial que investiga el hecho.

El abogado de la familia, Bruno Marengo, confirmó que acompañarán la investigación encabezada por el fiscal Manuel Cecchini y adelantó que aportarán nuevas pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Según sostuvo el letrado, la discusión sobre una supuesta infracción de tránsito “pasa a un segundo plano” frente a lo que considera una conducta irregular de los agentes involucrados. “Abandonaron a un ciudadano que habían colocado en una situación incapacitante”, afirmó.

Marengo aseguró que la licencia de conducir de Villanueva se encontraba vigente y señaló que los inspectores habrían sido informados de esa situación durante el procedimiento. “La esposa de Eduardo les exhibió la licencia vigente y existen videos que lo acreditan”, indicó.

Respecto de los momentos previos a la descompensación, el abogado relató que Villanueva comenzó a manifestar síntomas de malestar mientras intentaba explicar su situación. “Pidió que llamaran una ambulancia y también lo reclamaban los testigos que estaban en el lugar”, expresó.

De acuerdo con la versión de la familia, los agentes habrían interpretado inicialmente que se trataba de una simulación para evitar la infracción. “Cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación, se fueron del lugar y dejaron tanto a Eduardo como al vehículo”, sostuvo Marengo.

El representante legal también cuestionó declaraciones de funcionarios municipales realizadas tras el episodio. En ese sentido, rechazó que una eventual condición médica previa pudiera justificar el accionar de los inspectores. “Aunque una persona tenga problemas de salud, el deber de cuidado del funcionario público es aún mayor”, remarcó.

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