La investigación por la muerte de Izan Aguirre, el niño de seis años asesinado en San Justo, atraviesa una instancia determinante. Su madre, identificada por las iniciales R.A.M., fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, pero antes de definir cómo continuará el proceso la Justicia deberá establecer cuál era su estado de salud mental al momento del hecho y si actualmente está en condiciones de afrontar un proceso penal.
A pedido de las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso, el juez José Luis García Troiano dispuso una medida de restricción de la libertad ambulatoria y ordenó la realización de una Junta Especial de Salud Mental.
El objetivo de la evaluación será responder dos cuestiones centrales: determinar si la joven podía comprender la criminalidad de sus actos al momento de la muerte de su hijo y establecer si actualmente puede comprender los actos procesales y ejercer adecuadamente su defensa.
Continuará detenida mientras se realiza la evaluación
Uno de los puntos discutidos durante la audiencia fue el lugar donde debía permanecer alojada la imputada.
La defensa no cuestionó la restricción de la libertad, pero pidió que la joven fuera trasladada a un hospital psiquiátrico. Las fiscales se opusieron y el juez rechazó el planteo, por lo que RAM continuará detenida en el Servicio Penitenciario mientras se desarrolla la Junta.
“La abogada defensora no se opuso a la medida que pedimos pero cuestionó que el lugar de cumplimiento sea en el ámbito del servicio penitenciario”, explicaron Urquiza y Montegrosso.
Las funcionarias señalaron además que la defensa había propuesto el alojamiento en un hospital especializado, pero que desde el MPA se rechazó esa alternativa y el magistrado hizo lugar al planteo fiscal.
Según explicaron, la decisión tuvo en cuenta que la legislación nacional establece como regla que los tratamientos de salud mental sean ambulatorios, una modalidad que, de acuerdo con la Fiscalía, no resulta posible en las actuales circunstancias del caso.
Qué deberá determinar la Junta
La evaluación tendrá una doble dimensión.
Por un lado, los especialistas deberán analizar el estado mental de la mujer al momento en que ocurrió el homicidio, para establecer si tenía capacidad para comprender la criminalidad de su conducta y dirigir sus acciones.
Por otro, deberán determinar su estado actual, es decir, si puede comprender qué significa estar sometida a un proceso penal y participar de las distintas instancias judiciales.
La fiscal María Laura Urquiza remarcó que se trata de una instancia que debe resolverse con rapidez para definir la situación procesal.
“El código manda hacerlo con la mayor celeridad posible para poder determinar su imputabilidad o no, para luego poder seguir adelante con el proceso de una o de otra manera”, explicó.
Los dos escenarios que puede abrir el informe
Las conclusiones de la Junta podrían determinar dos caminos diferentes.
Si los especialistas establecen que la mujer no podía comprender la criminalidad del hecho al momento de cometerlo, la Justicia deberá analizar la aplicación de medidas de seguridad vinculadas con su tratamiento y recuperación.
En cambio, si se determina que comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones, la Fiscalía podrá avanzar con las medidas cautelares correspondientes y eventualmente solicitar la prisión preventiva.
“Puede haber dos opciones. Una es que se determine que no podía comprender la criminalidad del hecho, y es así que luego se va a evaluar las medidas de seguridad con las cuales va a transitar su recuperación. Y la otra es que la Junta determine que sí era consciente y es capaz”, explicó Urquiza.
En caso de ser considerada imputable y posteriormente condenada por homicidio agravado por el vínculo, la pena prevista para ese delito es prisión perpetua.
La acusación por la muerte de Izan
Durante la audiencia, las fiscales atribuyeron formalmente a RAM la autoría del homicidio de su hijo.
Según la acusación, el hecho ocurrió entre la madrugada y la mañana del miércoles de la semana pasada, en una vivienda ubicada en Cortada 27, sin número, del barrio Reyes de San Justo.
La Fiscalía sostuvo que Izan murió como consecuencia de una asfixia provocada por estrangulación manual.
“La mecánica del hecho fue realizado este homicidio mediante el estrangulamiento del menor en forma mecánica o manual”, explicó Urquiza.
El informe elaborado por el médico forense que realizó la autopsia determinó que el niño falleció como consecuencia de la compresión del cuello y la consecuente obstrucción de las vías aéreas superiores.
No había denuncias previas por maltrato
Otro de los aspectos mencionados por la Fiscalía fue la existencia de antecedentes de violencia.
Urquiza confirmó que no había denuncias previas por maltrato infantil ni por situaciones de violencia vinculadas con la imputada.
“No, no hay absolutamente ninguna otra denuncia previa que tenga que ver ni con maltrato infantil ni con situaciones de violencia de ella para con cualquier otra persona”, afirmó la fiscal.
Ese elemento forma parte del contexto que los investigadores tienen en cuenta mientras intentan reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del niño.
Las declaraciones de la joven serán evaluadas
Después del hecho, la joven habría realizado manifestaciones relacionadas con las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Izan.
Según explicó la Fiscalía, RAM habría hecho referencia a que había actuado sin voluntad propia y que habría sido “enviada” o “mandada” por otra instancia.
Urquiza evitó establecer una interpretación sobre esas expresiones y remarcó que su significado y su relación con el estado mental de la mujer deberán ser analizados por los especialistas.
“Sí, hizo alusión a algunas cuestiones, no sé si mística sería la palabra. Pero sí tiene que ver, digamos, con haberlo hecho sin su voluntad”, explicó.
La fiscal agregó que la joven habría señalado que no actuó por iniciativa propia, sino que fue “enviada, mandada por alguna otra instancia u otra persona”.
Para el MPA, esas manifestaciones no permiten por sí mismas determinar la imputabilidad. Esa definición deberá surgir de la evaluación profesional de la Junta Especial de Salud Mental.
La investigación continúa
Mientras se aguarda el resultado de la evaluación, la investigación penal continúa abierta.
Las fiscales informaron que ya se tomaron numerosos testimonios y que existen distintas medidas de prueba en desarrollo. Además, fueron secuestrados teléfonos celulares que están siendo peritados para intentar reconstruir las circunstancias previas y posteriores al homicidio.
“Si bien la investigación se encuentra abierta, hay líneas investigativas, muchísimos testimonios que se han tomado hasta el momento, hay secuestro de teléfonos celulares que también se encuentran siendo peritados”, señaló Urquiza.
Por el momento, RAM es la única persona detenida y formalmente imputada por la muerte de Izan.
El próximo paso será entonces la realización de la Junta Especial de Salud Mental. Mientras tanto, la joven continuará privada de su libertad y la Fiscalía seguirá reuniendo elementos para avanzar en el esclarecimiento del hecho.
Las conclusiones de los especialistas serán determinantes para definir si la causa continúa por la vía de un proceso penal ordinario o si corresponde adoptar medidas de seguridad ante una eventual inimputabilidad.
