La madre de Izán Aguirre, el niño de seis años asesinado la semana pasada en la ciudad de San Justo, quedó sujeta a una medida de restricción de la libertad ambulatoria mientras continúa la investigación judicial por el crimen.
La mujer, identificada por sus iniciales RAM y de 22 años, fue imputada como presunta autora del delito de homicidio agravado por el vínculo durante una audiencia realizada este miércoles en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El acto procesal fue encabezado por el juez José Luis García Troiano y contó con la participación remota de la imputada. Por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervinieron las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso.
A pedido de las representantes del MPA, el magistrado dispuso una medida de restricción de la libertad en los términos del artículo 107 del Código Procesal Penal de Santa Fe, que permanecerá vigente hasta que se realice una Junta de Salud Mental.
El objetivo de esa evaluación será establecer si la mujer se encuentra en condiciones de comprender los actos del proceso judicial y determinar cuál era su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos al momento del homicidio.
La acusación por la muerte de Izán
Durante la audiencia, las fiscales expusieron los elementos reunidos hasta el momento y atribuyeron a RAM la presunta autoría del homicidio de su hijo.
Según indicaron Urquiza y Montegrosso, la muerte del niño se habría producido entre la madrugada y la mañana del miércoles de la semana pasada, en una vivienda ubicada en calle Cortada 27, sin número, del barrio Rey, en San Justo.
Las fiscales señalaron además que el informe elaborado por el médico forense que practicó la autopsia estableció que el niño murió como consecuencia de una asfixia provocada por la compresión del cuello.
De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, la hipótesis fiscal sostiene que se trató de una estrangulación manual que produjo la obstrucción de las vías respiratorias superiores.
La investigación continuará ahora con nuevas medidas destinadas a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.
Una Junta de Salud Mental será clave para la investigación
Uno de los puntos centrales definidos durante la audiencia fue la realización de una evaluación interdisciplinaria de salud mental sobre la mujer investigada.
La Junta deberá establecer, por un lado, si RAM puede comprender actualmente los actos propios del proceso penal y, por otro, cuál era su capacidad de comprender la criminalidad de su conducta en el momento en que ocurrió la muerte de su hijo.
La medida resulta relevante para determinar cómo continuará el proceso judicial y qué condiciones deberán cumplirse para que la mujer pueda afrontar las distintas instancias de la investigación.
La defensa cuestionó el lugar de alojamiento
Durante la audiencia también se discutió dónde deberá permanecer alojada la imputada mientras se desarrolla la investigación.
La defensa no se opuso a la medida de restricción de la libertad solicitada por las fiscales, pero cuestionó que su cumplimiento se concrete dentro del ámbito del Servicio Penitenciario.
La abogada había planteado como alternativa que la mujer fuera alojada en un hospital psiquiátrico.
Desde el MPA se opusieron a esa solicitud y pidieron que la medida se cumpliera bajo las condiciones establecidas por el juez. García Troiano finalmente rechazó el planteo de la defensa.
Según explicaron las fiscales, el magistrado fundamentó su decisión en que la legislación nacional establece que los tratamientos de salud mental son, como regla, de carácter ambulatorio, una modalidad que no resultaría posible en las actuales circunstancias del caso.
Antes del comienzo de la audiencia, el padre de Izán también fue recibido y escuchado por el juez.
La causa continúa en etapa de investigación y la realización de la Junta de Salud Mental será uno de los próximos pasos para definir la situación procesal de la mujer.
