Un hombre de 32 años fue condenado a cuatro años de prisión por adquirir armas de fuego como legítimo usuario y luego desviarlas al mercado ilegal en la ciudad de Santa Fe. Se trata de Brian Armando Aquino, quien además fue inhabilitado por 10 años para obtener nuevamente la autorización legal para tener armas.
La sentencia fue dictada por la jueza Susana Luna al finalizar un juicio oral y público en los tribunales de la capital provincial. Aquino fue considerado autor del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Juliana González, integrante del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego de la Fiscalía General. Tras conocerse el veredicto, la funcionaria valoró que se haya acreditado la responsabilidad penal, aunque advirtió que la Fiscalía pretendía una pena superior debido a la gravedad de los hechos.
“Esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”, señaló González. En cambio, destacó que la magistrada haya dispuesto la inhabilitación por una década, tal como había solicitado durante los alegatos.
Compraba armas legalmente y las entregaba a personas sin autorización
De acuerdo con la investigación, Aquino tenía registradas a su nombre nueve armas de fuego: cinco pistolas calibre .380 y cuatro calibre nueve milímetros. Según explicó la fiscal, las había adquirido entre 2021 y 2025, mediante transferencias de legítimos usuarios y operaciones realizadas en tres armerías de la ciudad de Santa Fe.
La hipótesis acreditada en el juicio sostiene que el condenado utilizaba su condición de legítimo usuario para comprar pistolas y luego entregarlas a personas que no contaban con la credencial correspondiente.
“De forma habitual, Aquino compraba pistolas y se las entregaba a personas que no tenían la correspondiente credencial de legítimo usuario”, afirmó González. Para la fiscal, esa operatoria generaba un riesgo para la seguridad pública al incorporar armas de alto poder ofensivo al circuito ilegal.
La investigación también determinó que el hombre no contaba con capacidad patrimonial suficiente para justificar lícitamente las adquisiciones. Según la Fiscalía, vendía las armas a precios superiores a los del mercado legal y destinaba parte de las ganancias a comprar nuevas unidades para repetir el mecanismo.
En un allanamiento secuestraron solo dos de las nueve armas
Aquino fue detenido el miércoles 3 de diciembre de 2025, durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en una vivienda de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
En el procedimiento se secuestraron dos de las nueve armas que tenía registradas a su nombre. Las otras siete no habían sido recuperadas y, según la investigación, habían sido desviadas al mercado ilegal. La Fiscalía indicó que no registraban pedidos de secuestro ni denuncias por robo, hurto o extravío.
Uno de esos antecedentes llamó especialmente la atención de los investigadores: una pistola calibre .380 que había pertenecido a Aquino fue secuestrada en noviembre de 2023 en poder de un hombre que meses después resultó condenado por una tentativa de homicidio cometida con esa arma.
González remarcó que Aquino, por su condición de legítimo usuario, tenía la obligación de informar qué había ocurrido con el armamento faltante. También sostuvo que durante el proceso penal tuvo oportunidades para aclarar el destino de las pistolas y aportar información sobre las personas que las recibieron, pero no lo hizo.
Según la fiscal, el condenado ocultó deliberadamente la identidad de quienes recibieron las armas, así como las fechas y los lugares en los que se concretaron los intercambios.
Una investigación orientada a reducir la circulación ilegal de armas
La causa se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para prevenir y perseguir delitos vinculados con armas de fuego.
La investigación se inició a partir de un convenio de colaboración firmado en abril de 2024 entre la Fiscalía General, el entonces Ministerio de Seguridad Nacional y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), actualmente Registro Nacional de Armas (RENAR), con el objetivo de controlar y reducir la circulación indebida de armamento.
Al fundamentar la gravedad del caso, González advirtió sobre las consecuencias que puede tener la provisión ilegal de armas para la seguridad ciudadana, debido a la posibilidad de que sean utilizadas en otros hechos delictivos.
La condena impuesta a Aquino fue de cuatro años de prisión efectiva, junto con la inhabilitación por 10 años para volver a ser autorizado como legítimo usuario de armas de fuego.
