Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Santa Fe propone establecer un régimen de moratoria para las familias que mantienen deudas con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA), en un contexto marcado por el aumento de las facturas y las dificultades de numerosos hogares para mantenerse al día.
La iniciativa fue impulsada, entre otros legisladores, por los diputados justicialistas Marcos Corach y Lucila De Ponti. El debate tomó especial relevancia a partir del caso de un trabajador gastronómico al que, según explicó De Ponti en diálogo con EME, le embargaron parte de su salario a raíz de una deuda con la EPE.
“El caso nos llega a través de la Oficina del Consumidor de Rosario. Es un juicio que hace la EPE”, explicó la diputada. Según relató, se trata de un mozo cuyo sueldo fue embargado en un 20% por una deuda anterior con la empresa, pese a que, de acuerdo con su versión, no había sido notificado del proceso.
“Es una persona que tiene un ingreso de 600.000 pesos, que es lo que ganan muchos gastronómicos. Que la propia empresa del Estado, por una deuda muy menor, le esté embargando el 20% de su sueldo nos parecía como mínimo un hecho desubicado en el contexto en el que estamos”, sostuvo.
“No está siendo una situación aislada”
La legisladora señaló que, a partir de ese expediente, comenzaron a recibir información sobre otros casos similares y sobre personas que tuvieron dificultades para regularizar sus obligaciones.
“Este caso nos ha llegado ya el fallo, es el primero que yo recibo de estas características. Pero a partir de eso empezamos a recibir más información de otros embargos y también de otras sanciones o algún tipo de reprimenda por parte de las empresas a personas que no han podido ponerse al día”, afirmó.
Para De Ponti, el caso debería generar una revisión de la política de cobro de la empresa provincial.
“Nos parece que no está siendo una situación aislada”, remarcó. Y agregó: “Si no hay una directiva de que esta no tiene que ser la política de la provincia, estas cosas van a seguir sucediendo”.
El planteo se vincula con una propuesta que ya fue presentada en la Legislatura para establecer un régimen especial de regularización de deudas de usuarios residenciales con EPE y ASSA. El proyecto busca ofrecer facilidades de pago y contemplar especialmente a los hogares con menores ingresos.
Reclaman una moratoria para las familias
“Hemos presentado un proyecto de ley para que se cree un régimen de moratoria de servicios, tanto de EPE como de ASSA”, explicó De Ponti durante la entrevista con EME.
La iniciativa plantea que las familias puedan acceder a planes de regularización para deudas acumuladas y contar con condiciones de pago más accesibles. El proyecto contempla diferencias según la situación económica de los usuarios y propone ampliar los beneficios para los sectores de menores ingresos.
La diputada sostuvo que el objetivo es que los hogares tengan herramientas similares a las que se ofrecen a otros usuarios para afrontar sus obligaciones.
“A las empresas no les embargan. Sacaron inclusive ahora una política de financiamiento y de regularización para empresas. Entonces necesitamos que las familias también tengan los mismos beneficios”, planteó.
El antecedente de la iniciativa se remonta a una propuesta presentada durante 2026 para permitir que personas endeudadas con EPE y ASSA pudieran regularizar saldos pendientes mediante planes de pago.
El impacto de las tarifas sobre los ingresos
De Ponti también cuestionó la evolución de las tarifas eléctricas en relación con los ingresos de los hogares santafesinos.
“No es solamente la quita del subsidio nacional. La EPE aumentó su tarifa desde que gobierna Pullaro más de un 700%. Los ingresos de nadie aumentaron más de un 700%”, afirmó.
La legisladora aclaró que el planteo no apunta a eliminar el costo del servicio. “Nosotros no estamos pidiendo que regalen la luz, ni que regalen el agua, ni que regalen nada. Estamos pidiendo que las tarifas sean razonables y que estén en relación con la evolución de los ingresos de los vecinos”, sostuvo.
En esa línea, vinculó el crecimiento de las deudas familiares con la pérdida de capacidad de pago frente al aumento de los gastos básicos.
“El nivel de endeudamiento que tienen las familias tiene que ver con esto: con que a la gente no le alcance la plata para pagar lo que le es indispensable para vivir”, señaló.
EPE y ASSA, en el centro del debate
La diputada también diferenció las posibilidades que tienen las empresas para reclamar el pago de los servicios.
“Tanto EPE como ASSA tienen hoy una política muy estricta con aquellas personas que se han atrasado con el pago de sus facturas”, afirmó De Ponti, quien sostuvo que algunos usuarios ingresan a planes de pago pero luego vuelven a acumular deuda porque sus ingresos no alcanzan para afrontar simultáneamente las facturas actuales y las cuotas de obligaciones anteriores.
En ese marco, sostuvo que el Estado provincial debería priorizar mecanismos de regularización antes que avanzar sobre los ingresos de las familias.
“La actitud del Estado provincial no puede ser estar embargando sueldos”, afirmó.
El proyecto de moratoria se suma a otros pedidos de la oposición vinculados con la situación financiera de la EPE y el nivel de morosidad de los usuarios. En paralelo, desde la Cámara de Diputados se solicitó información sobre los procesos judiciales iniciados por la empresa contra personas con deudas.
El debate sobre las prioridades del gasto
Durante la entrevista con EME, De Ponti también se refirió al manejo de los recursos provinciales y puso como ejemplo los Juegos Suramericanos realizados en Santa Fe.
“Santa Fe plata tiene, porque acabamos de hacer unos Juegos Suramericanos hermosos, impresionantes, que lo disfrutamos todos los santafesinos”, manifestó.
La diputada aclaró que no cuestiona la realización del evento y recordó que la Legislatura aprobó un crédito de la CAF destinado a ese objetivo. “No tengo nada para criticarlo. Nosotros aprobamos en la Legislatura un crédito de la CAF para esto. Evidentemente se gastó más plata que ese crédito”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que el debate pasa por las prioridades en la asignación de los recursos públicos.
“No es una cosa o la otra, pero sí me parece que tienen que dar la cara por aquellas cosas que pasan”, concluyó.
