La reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro sufrió un nuevo freno en la Cámara de Diputados de Santa Fe. El proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública no logró reunir los consensos necesarios en las comisiones legislativas y, por el momento, quedó sin dictamen para avanzar hacia el recinto.
Aunque en las últimas semanas circularon versiones modificadas de la iniciativa original, los cambios no alcanzaron para acercar las posiciones de los distintos bloques. Las negociaciones continuarán con el objetivo de destrabar los artículos que generan mayores diferencias políticas y jurídicas.
Los puntos que generan diferencias en la reforma de seguridad
Entre los aspectos más discutidos aparecen las facultades para establecer zonas de intervención policial especial, los mecanismos para demoler inmuebles presuntamente utilizados para el narcomenudeo y el alcance de los juicios en rebeldía.
Uno de los cambios planteados en el borrador apunta a que la demolición de propiedades vinculadas con la venta de drogas requiera autorización judicial, a partir de un pedido del fiscal. De esta manera, la decisión no quedaría exclusivamente en manos del Ministerio Público de la Acusación.
También persisten diferencias sobre la aplicación de los juicios en rebeldía, con planteos para delimitar su utilización a determinados delitos de especial gravedad y establecer condiciones precisas para su implementación.
Otro de los puntos cuestionados es la creación de áreas de actuación policial extraordinaria. Distintos sectores legislativos plantean la necesidad de incorporar mayores controles y garantías para regular el alcance de las intervenciones y prevenir posibles abusos.
A estas diferencias se suman los desacuerdos sobre el procedimiento por decreto penal, otro de los mecanismos que generó cuestionamientos durante el análisis de la propuesta.
Cuándo podría volver a tratarse el proyecto
Ante la falta de dictamen, la discusión quedó sujeta a nuevas negociaciones entre el oficialismo y la oposición. La Cámara de Diputados podría otorgarle preferencia para su tratamiento en la sesión del 5 de noviembre o postergar el debate hasta el 19 de ese mes, dependiendo de los consensos que puedan alcanzarse.
Mientras tanto, otros dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sí consiguieron avanzar en las comisiones. Se trata de la iniciativa para regular el mercado irregular de teléfonos celulares usados y de una modificación de la ley que organiza el sistema de la Defensa Pública provincial.
De esta manera, la reforma de seguridad continúa sin una fecha definitiva de tratamiento en el recinto, en medio de las diferencias sobre el alcance de las herramientas que busca incorporar el gobierno provincial para combatir el delito y las organizaciones criminales.
