El Gobierno nacional puso en marcha este miércoles la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que contempla la transferencia a operadores privados de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y autopistas por un período de 20 años.
En Santa Fe, la empresa Vías del Paraná Medio S.A. tomó posesión del Tramo Chaco-Santa Fe, que comprende unos 497 kilómetros de la Ruta Nacional 11, desde Nelson hasta el empalme con la Ruta Nacional 16, en Resistencia.
El nuevo esquema ya genera cuestionamientos entre las organizaciones que representan a los usuarios viales. Rubén Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), advirtió que el sistema incorporará nuevas estaciones de cobro y sostuvo que los usuarios deberán afrontar un peaje aproximadamente cada 100 kilómetros.
“Estas nuevas concesiones son una verdadera estafa. Es un esquema similar a los 90, que fue un fracaso, y aún peor, porque se agregan nuevas estaciones de cobro”, cuestionó Lasca en diálogo con EME.
Según explicó, en los aproximadamente 9.000 kilómetros que serán concesionados se sumarían 54 nuevas estaciones de cobro a las 44 que ya están vigentes. En el caso particular de la Ruta Nacional 11, señaló que el corredor de unos 500 kilómetros tendría cinco estaciones de peaje.
“Son más o menos 500 kilómetros y va a haber que pagar en cinco estaciones de cobro, con tarifas que son realmente abusivas”, afirmó.
Críticas al modelo de concesión
Lasca cuestionó que el nuevo sistema se presente como una incorporación de inversión privada y sostuvo que las obras previstas no implicarían una transformación estructural de la red vial.
“El ministro se nos burla en la cara porque habla de inversión privada cuando no es así. Es inversión cero, riesgo cero”, sostuvo.
Según el referente del CONADUV, las nuevas concesiones contemplan principalmente tareas de mantenimiento, como corte de pasto y bacheo, pero no obras de ampliación de la red de autovías.
“Las nuevas concesiones solo prevén el corte de pasto y bacheo, o sea, un maquillaje, y no se prevé ampliar la red de autovías para evitar fundamentalmente los choques frontales”, cuestionó.
Para Lasca, la discusión no pasa únicamente por el valor que deberá pagar cada conductor, sino por el efecto que los peajes tendrán sobre toda la economía.
“Implica un aumento en el costo de transporte fenomenal que se traslada a los fletes y, por ende, a todos los precios de la economía”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que el impacto alcanza incluso a quienes no utilizan vehículos particulares. “Cuando uno compra un sachet de leche está pagando el peaje. Usted toma un micro y en el pasaje está incluido el peaje”, ejemplificó.
Cuestionamientos por la seguridad vial
El dirigente también vinculó el nuevo esquema de concesiones con la situación de la infraestructura vial y puso el foco en la seguridad.
“El 5 de octubre fue el Día del Camino. Como usuarios viales tenemos que manifestar que no tenemos nada para festejar”, afirmó.
Según Lasca, la seguridad vial depende de tres factores: “el control, la educación y la infraestructura”. Y consideró que actualmente no se está avanzando de manera suficiente en ninguno de ellos.
Entre sus cuestionamientos, también planteó la necesidad de avanzar hacia sistemas de cobro que no obliguen a detener los vehículos. En ese sentido, consideró positivo eliminar las barreras y el pago manual, aunque aclaró que el sistema de free flow no resolvería el problema de fondo.
“Hay que eliminar el pago manual y el telepase con barrera, para evitar la detención de los vehículos y esos choques en cadena”, señaló.
El problema del tránsito
Otro de los principales cuestionamientos del CONADUV está relacionado con la cantidad de vehículos que circulan por las rutas nacionales. Lasca sostuvo que el esquema de peaje directo resulta inviable en corredores donde el tránsito no alcanza los niveles necesarios para sostener las inversiones.
“El problema de fondo es la inconstitucionalidad, porque no hay camino alternativo, la doble imposición, y un sistema inviable desde la ingeniería, porque no hay tránsito suficiente para que de la recaudación se pueda volcar plata al camino”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que un corredor nacional con unos 15.000 vehículos diarios tiene un volumen de tránsito insuficiente para este tipo de esquema.
“No es que uno esté en contra del peaje directo; esto es un impuesto al tránsito, y el peaje directo en estas rutas no funciona”, agregó.
El reclamo por el rol del Estado
Lasca también cuestionó que el Estado nacional transfiera el mantenimiento de rutas a operadores privados o a otras jurisdicciones sin garantizar los recursos necesarios.
“Quiere sacarse de encima a Vialidad Nacional, el mantenimiento de las rutas, cuando es obligación del Estado mantener la red vial nacional”, sostuvo.
Además, reclamó la creación de un organismo regulador específico para controlar las concesiones viales y garantizar la participación de los usuarios.
“No hay ente regulador. Se tendría que haber creado por ley, porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como el gas, la luz, el agua”, señaló.
Y agregó: “Los caminos son de dominio público, no son propiedad de un presidente ni de un gobernador. Merecemos estar en la discusión y la toma de decisiones”.
Con la puesta en marcha de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, la Ruta Nacional 11 inicia así una nueva etapa bajo administración privada. Para el CONADUV, el desafío no debería limitarse al mantenimiento de las calzadas, sino garantizar obras de infraestructura, seguridad vial y un esquema de financiamiento que no termine trasladando mayores costos a los usuarios y al conjunto de la economía.
