El año pasado 1.312 mujeres y personas gestantes accedieron a un aborto legal en la salud pública de Rosario. Los números muestran un 40 por ciento de aumento en relación a 2017, cuando hubo 772. Del total, el 20 por ciento tenía obra social o prepaga pero buscó ayuda en hospitales y centros de salud por falta de respuestas en el sector privado, donde no hay registro estadístico de cantidad de interrupciones legales. Desde la Secretaría de Salud de Rosario explicaron que el incremento responde a varios factores. El debate parlamentario del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) generó más conocimiento sobre la práctica y sobre cómo acceder a los abortos que no están penados desde 1921.
Además, la salud pública de Rosario apareció como una experiencia modelo de aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que, junto con la provisión de misoprostol, fue la receta para que desde 2012 no haya muertes por aborto clandestino. Otro elemento fue la consolidación y el crecimiento del registro estadístico porque hasta hace pocos años los abortos no se contabilizaban de manera sistematizada.
Al incremento de la cantidad de personas que buscan ayuda ante un embarazo no deseado se agrega la baja en los riesgos. El año pasado el 98 por ciento abortó de manera ambulatoria sin necesidad de internación. Una década atrás todas debían ser internadas y muchas llegaban a las guardias de los hospitales con riesgo de morir por abortos hechos en condiciones inseguras. En los últimos años también creció el uso de anticonceptivos y bajó la tasa de fecundidad en relación a la media nacional. “Es mentira que hay un uso anticonceptivo del aborto. Las mujeres se embarazan menos, usan más anticonceptivos y están siendo madres cuando desean serlo”, explicó el director de Salud Sexual de Rosario, Daniel Teppaz.
