El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en la actualización de la normativa de propiedad intelectual con la eliminación del cobro de derechos de autor en ámbitos privados. Esta decisión, formalizada a través del Decreto 765/2024, busca adaptar las leyes a las nuevas formas de consumo de obras artísticas en una era dominada por la tecnología, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos de los autores.
Durante años, los creadores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas han tenido el control sobre el uso de sus creaciones, con la posibilidad de autorizar o prohibir su reproducción, distribución y ejecución pública. No obstante, el avance de la tecnología y la diversificación de los medios de difusión han generado nuevas formas de acceder y consumir estos contenidos, lo que ha llevado al Gobierno a reexaminar y redefinir la normativa existente.
Con esta actualización, el concepto de «ejecución pública» ha sido reformulado para reflejar mejor la realidad actual, donde el acceso a obras artísticas y culturales se ha ampliado significativamente. Ahora, los autores continuarán siendo compensados por el uso de sus obras, pero sin imponer cargas adicionales a quienes reproducen música y otros contenidos en espacios privados.
El nuevo marco normativo busca, por un lado, respetar los derechos de los creadores, y por otro, adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos que han transformado la manera en que las personas interactúan con la cultura.
