El ex presidente Alberto Fernández enfrenta una nueva acusación de violar la orden de restricción judicial impuesta por el juez Julián Ercolini en la causa que involucra a su ex pareja, Fabiola Yáñez. La denuncia surgió tras la presentación de su abogada, Mariana Gallego, quien informó sobre dos mensajes enviados por WhatsApp por Fernández a Yáñez, a pesar de la medida cautelar en vigor.
Según Gallego, los mensajes enviados por Fernández tuvieron como objetivo «perturbar la estabilidad emocional» de Yáñez. Uno de los mensajes contenía una nota periodística titulada «Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez», que ponía en duda las declaraciones de la madre y hermana de la ex primera dama. El otro mensaje incluía una publicación de la red social X, aunque los detalles del contenido de este mensaje no fueron especificados en el comunicado.
El juez Ercolini, al conocer la denuncia, tomó medidas inmediatas y le intimó a Fernández a cesar toda comunicación, tanto directa como indirecta, con Yáñez o con cualquier miembro de su familia. La restricción impuesta en agosto de 2023, que prohibía cualquier tipo de contacto, había sido violada con los mensajes enviados, lo que motivó esta nueva intervención judicial.
La decisión del juez señala que Fernández no podrá contactarse con los familiares de Yáñez por ningún motivo, salvo que sea relacionado con el hijo que ambos tienen en común. En ese caso, cualquier comunicación debe ser previamente autorizada por la madre del niño, Fabiola Yáñez. El juez también advirtió que la persistencia en estos comportamientos podría considerarse como obstrucción a la justicia, lo que podría tener consecuencias legales adicionales para el ex mandatario.
La abogada de Yáñez expresó su preocupación por lo que consideró una acción deliberada de Fernández para generar incomodidad y perturbación emocional en su clienta, especialmente en el contexto de un proceso judicial que involucra a la ex pareja presidencial. En este sentido, se cuestiona el interés del ex presidente por enviar estos mensajes, pese a la restricción impuesta en la causa.
El episodio ha generado un debate sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales y las implicaciones de este tipo de comunicaciones en medio de un conflicto legal. La situación resalta las tensiones que aún existen entre Fernández y Yáñez, a pesar de la separación, y pone en evidencia la complejidad de la relación en el marco judicial.
El futuro de la causa dependerá de la respuesta de Fernández a la intimación judicial y si persiste en realizar acciones que puedan interpretarse como una violación a la medida cautelar.
