El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, fue imputado y quedó bajo prisión preventiva por 90 días por orden del juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz. La medida se dictó este miércoles y responde a una serie de causas penales que involucran al magistrado por presuntos actos de corrupción, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
El fiscal Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), solicitó su destitución ante el Consejo de la Magistratura, dado que al tratarse de un juez en funciones, no puede ser detenido sin ese paso previo. Además, pidió que sea apartado de todas las causas que aún tiene bajo su jurisdicción. En la misma línea, el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, solicitó el embargo de sus bienes, incluyendo inmuebles, una embarcación y un vehículo.
Velasco argumentó que la continuidad de Bailaque como magistrado representa un riesgo de entorpecimiento probatorio, debido a su capacidad de influir en causas en trámite que lo involucran directa o indirectamente.
Tres causas bajo la lupa
Una de las investigaciones más relevantes contra Bailaque se vincula con su actuación en una causa de 2013 contra el narcotraficante Esteban Alvarado. En ese proceso, el juez no se excusó a pesar de tener como asesor contable personal a una persona que también trabajaba para empresas vinculadas a Alvarado y a su expareja, Rosa Capuano.
Otra causa gira en torno a su intervención en un expediente originado en el Juzgado Federal de Campana en 2019, que involucraba a dos cooperativas (Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín y San Lorenzo) y una financiera presuntamente vinculada a Fernando Whpei, amigo del magistrado. Luego de que la causa fuera remitida a su juzgado por cuestiones de competencia territorial, Bailaque liberó en diciembre de 2020 fondos embargados por casi 150 millones de pesos, que luego fueron operados por una sociedad anónima y una mutual conducida por Whpei.
Por último, también se le imputa abuso de autoridad y prevaricato por el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa en una causa tramitada en su propio juzgado.
El proceso judicial continúa mientras se aguarda una definición del Consejo de la Magistratura sobre su posible suspensión o destitución.
