El Gobierno de Javier Milei anunció este martes un importante recorte en los impuestos y aranceles a la importación de productos electrónicos, en especial celulares, con el objetivo de reducir sus precios, fomentar la competencia y facilitar el acceso a la tecnología. La medida, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni junto al ministro de Economía Luis Caputo, comenzará a regir esta semana y tendrá un impacto directo en el mercado local.
“Vamos a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares: del 16% bajarán a 0% en dos etapas”, informó Adorni. La primera reducción, del 16% al 8%, se aplicará de forma inmediata tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial. La segunda, que llevará los aranceles a cero, entrará en vigencia a partir del 15 de enero de 2026.
Además, los impuestos internos sobre celulares, televisores y aires acondicionados importados bajarán del 19% al 9,5%, mientras que los productos fabricados en Tierra del Fuego verán reducida esa carga del 9,5% a 0%.
Con este paquete de medidas, el Gobierno estima que los precios de los electrónicos importados podrían caer entre un 30% y 40% en los próximos meses. Según analistas del sector, el iPhone 15, por ejemplo, podría pasar de costar $1.700.000 a alrededor de $1.200.000. En tanto, un Samsung Galaxy A35 5G podría bajar de $740.000 a $443.000.
“Hoy un celular de gama alta cuesta más del doble en Argentina que en países como Brasil o Estados Unidos”, explicó Adorni, ejemplificando con datos: en Buenos Aires, un iPhone puede alcanzar los USD 2.566, mientras que en Nueva York el mismo modelo cuesta apenas USD 1.011.
La medida también busca desalentar el contrabando y reducir el robo de celulares al bajar el costo de los dispositivos y facilitar su acceso por vías formales. El Gobierno espera que esto dinamice el mercado y contribuya a la formalización del comercio.
Sin embargo, la decisión generó preocupación en la industria nacional. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), que agrupa a empresas radicadas en Tierra del Fuego, advirtieron sobre el impacto que esta apertura podría tener en el empleo y la producción local. Señalan que los altos costos logísticos y fiscales del país dificultan la competencia con los productos importados.
El anuncio marca un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre apertura económica y protección industrial. Mientras el Gobierno apuesta por una transformación estructural en beneficio del consumidor, las industrias locales reclaman medidas para evitar un impacto negativo sobre el empleo y la producción nacional.
