En una audiencia pública celebrada en la Cámara de Diputadas y Diputados, la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, presentó su Informe de Gestión 2024. Durante su exposición, destacó los avances institucionales logrados a partir de la reforma de la Ley Orgánica del MPA y subrayó que la centralización de funciones permitió fortalecer la acción del organismo.
Vranicich señaló que la implementación del Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados permitió reducir los índices de violencia letal en los principales centros urbanos de la provincia, en especial Rosario y Santa Fe. “Este año se registró una significativa baja en los homicidios dolosos y en los heridos por armas de fuego, tras años de incremento constante”, destacó ante la presencia de EME.
No obstante, advirtió que persisten desafíos clave como los homicidios vinculados al crimen organizado, el sicariato, las extorsiones, las balaceras y el uso extendido de armas de fuego. “Estas violencias altamente lesivas siguen siendo una prioridad institucional y nos exigen redoblar esfuerzos para evitar la impunidad”, afirmó. También resaltó el avance del MPA en la lucha contra el microtráfico y la inactivación de puntos de venta de drogas, lo que, dijo, tiene “un fuerte valor simbólico en las comunidades”.
En cuanto al sistema penitenciario, valoró los mayores controles aplicados tanto a nivel provincial como federal, y destacó la importancia de las políticas preventivas y de intervención barrial como parte de un abordaje integral del delito.
Durante su exposición, Vranicich también defendió la necesidad de que el MPA sea reconocido como órgano extrapoder en el marco de la futura reforma de la Constitución provincial. “Nuestra autonomía e independencia están hoy garantizadas por ley, pero esa base legal resulta institucionalmente débil”, advirtió.
Reclamó que se consagre a nivel constitucional tanto la autonomía funcional como la autarquía financiera del MPA, incluyendo la capacidad de elaborar su propio presupuesto y definir su política de recursos humanos. Además, pidió equiparar los salarios de los fiscales con los de los jueces, y establecer mecanismos propios de selección y remoción de funcionarios, independientes del Poder Judicial.
“La ubicación actual del MPA dentro del Poder Judicial somete nuestra gestión a la superintendencia de la Corte Suprema, lo que dificulta el desarrollo autónomo de la institución”, concluyó. También recordó que varios países de la región y provincias argentinas que ya reformaron sus constituciones adoptaron este modelo extrapoder, en línea con la Constitución Nacional de 1994.
