El Gobierno envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de “ley de principio de inocencia fiscal”, una ambiciosa reforma del Régimen Penal Tributario que introduce cambios sustanciales en los controles fiscales, los plazos de prescripción y el tratamiento de los ingresos no declarados.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentra el aumento de los umbrales a partir de los cuales se considera que existe delito de evasión. El monto mínimo de dinero no declarado para que se investigue una posible evasión simple pasará de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que se configure la figura de evasión agravada, el nuevo piso será de $1.000 millones, muy por encima de los actuales $15 millones.
El proyecto también propone reducir el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasaría de cinco a tres años. En línea con un enfoque más flexible, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses, aunque esta opción estará disponible una sola vez por persona. En caso de que la denuncia aún no haya sido radicada, se extinguirá si el pago se realiza —con un adicional del 50%— dentro de los 30 días hábiles desde la notificación.
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Además, se eleva el monto de las multas económicas por la presentación tardía de declaraciones juradas y se establece la unificación de los plazos de prescripción tributaria en todo el país bajo la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal, eliminando la posibilidad de que cada jurisdicción provincial o municipal defina sus propios plazos.
Uno de los ejes más polémicos del proyecto es la creación de un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Este permitirá a los contribuyentes adheridos —con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones— quedar exentos de informar variaciones patrimoniales o justificar consumos. ARCA sólo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados, y no se evaluará el crecimiento del patrimonio. Según el Gobierno, quienes se adhieran quedarán “blindados para siempre”.
Finalmente, también se propone una reducción a la mitad del plazo de prescripción para reclamos vinculados con aportes a la seguridad social y obras sociales: de 10 a 5 años. Pasado ese período, las acciones penales que ARCA haya iniciado quedarán automáticamente extinguidas.
El proyecto, presentado oficialmente por autoridades del Ejecutivo, inicia ahora su recorrido legislativo en la Cámara Baja, en un contexto de fuertes debates sobre el equilibrio entre control fiscal y fomento de la actividad económica.
