Este martes, el gobierno nacional oficializó la renuncia del juez federal Marcelo Martín Bailaque, quien dejó de contar con inmunidad por su cargo tras la publicación del decreto 443/2025 en el Boletín Oficial. A partir de ese momento, entró en vigencia la prisión preventiva domiciliaria dictada por la Justicia en el marco de tres causas judiciales en su contra.
La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, integrada por los jueces Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal, quienes entendieron que el arresto domiciliario —por un plazo inicial de 90 días— era más razonable que una detención en cárcel común. Bailaque ya recibió una tobillera electrónica como parte del control de su reclusión.
La decisión judicial se tomó luego de que el magistrado presentara su renuncia el pasado 11 de junio, solicitando que comenzara a regir desde el 1º de julio. El Ejecutivo, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, aceptó el pedido y detuvo el avance del proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura, donde estaba a punto de votarse su suspensión y el inicio de un juicio político.
Las tres causas en su contra
El ahora exmagistrado está imputado en tres expedientes que lo vinculan con hechos graves:
- Vínculos con el narcotráfico: Se investiga su actuación en una causa contra el capo narco Esteban Alvarado, en la que Gabriel Mizzau, contador del juez, también manejaba la contabilidad de empresas asociadas al narcotraficante. A pesar de los vínculos evidentes, Bailaque rechazó medidas clave en esa investigación, como las intervenciones telefónicas a Rosa Capuano, exesposa de Alvarado y condenada por lavado de dinero.
- Manejo irregular de fondos públicos: En otra causa, se lo acusa de desviar mil millones de pesos de la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo hacia una mutual dirigida por Fernando Whpei, un amigo personal del juez, en lugar de girarlos a un banco regulado. Bailaque no se excusó a pesar de la relación personal y no informó ese vínculo a instancias superiores hasta ser consultado.
- Connivencia con la ex Afip y extorsiones: En una tercera carpeta judicial, se investiga la participación de Bailaque en una maniobra que perjudicó al empresario Claudio Iglesias en 2019. La denuncia ingresó a su juzgado y luego fue enviada a la entonces Afip. El fiscal Argibay Molina reveló que el juez mantenía comunicaciones con Carlos Vaudagna, exdirectivo del organismo, justo en fechas clave. Tras los allanamientos, Iglesias fue indagado y luego quedó sobreseído. El expediente fue paralizado “a niveles escandalosos”, según la acusación.
El propio Vaudagna aceptó su responsabilidad como “arrepentido” y reconoció haber participado en maniobras de extorsión junto a otros funcionarios.
Con estos elementos, los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (MPF Rosario) sostienen que Bailaque utilizó su cargo para favorecer intereses personales y entorpecer investigaciones judiciales. La prisión domiciliaria rige desde este martes y podría extenderse si así lo determina la Justicia.
