El anuncio del Gobierno nacional sobre la disolución o transformación de organismos estatales, entre ellos Vialidad Nacional, generó una ola de preocupación en distintos sectores. Uno de los más afectados es el de los trabajadores de peajes, que hoy enfrentan un futuro incierto.
Leandro Bond, secretario general del gremio Sutracovi, expresó su preocupación en diálogo con EME MEDIOS: “No sabemos para dónde va a apuntar el Gobierno. Lo está haciendo a propósito y lo está haciendo mal”, afirmó. Según relató, las audiencias públicas realizadas en distintas ciudades del país no dieron respuestas concretas sobre qué organismo reemplazará a Vialidad en los procesos de licitación y concesión de rutas.
Bond señaló que actualmente no hay claridad ni normativa firme sobre cómo se gestionarán las rutas nacionales, lo que afecta directamente a más de 800 trabajadores solo en la provincia de Santa Fe. “Si se levantan los peajes, esa gente queda sin trabajo”, advirtió. Ya hay antecedentes recientes: “En el puente Rosario–Victoria se están registrando entre dos y cuatro accidentes semanales y nadie dice nada. El abandono es total”.
La situación también afecta al mantenimiento de infraestructura clave. El gremialista dio el ejemplo de la estación San Vicente sobre la Ruta 34, que no figura en los nuevos pliegos de concesión: “No va a haber seguridad vial, ni control de peso, ni auxilios, ni baños para los usuarios. Se pierde todo”.
En este contexto, el sindicato reclama dos medidas urgentes: la transferencia de los contratos laborales al nuevo esquema de concesión y reglas claras para evitar el desmantelamiento del sistema de peajes. “Nos reunimos con autoridades locales y provinciales, pero no hemos tenido respuestas del Gobierno nacional. Lo más grave es que esto puede costar vidas”, concluyó.
El deterioro de rutas como la 33, la 34 y la 11, y el abandono de tramos clave como San Vicente o Santa Fe–Nelson, según Bond, reflejan el colapso de un sistema que alguna vez funcionó con controles, seguridad y mantenimiento. “Se necesita un Estado presente que exija a las concesionarias cumplir con lo que firman. No puede quedar todo librado al mercado”, advirtió.
