Un total de 31 trabajadores rurales fueron rescatados en distintos campos de la provincia de Santa Fe, donde vivían y trabajaban en condiciones de extrema precariedad. La Justicia investiga si se trata de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral.
El caso comenzó el pasado 4 de septiembre, cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), detectaron irregularidades en el establecimiento “Santa Ana”, ubicado cerca de la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, en el límite con Santiago del Estero.
Allí se constató que 15 trabajadores, entre ellos dos adolescentes de 17 años, realizaban tareas de desmalezamiento en jornadas de 10 horas diarias, de lunes a lunes. Vivían en campamentos improvisados, sin acceso a agua potable ni baños, y dormían en el piso sobre mantas o colchones.
En otro campo vecino, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, inspectores encontraron a otros cinco trabajadores en condiciones similares, habitando en tolderías precarias que las autoridades calificaron como “deplorables”.
Ante este escenario, el fiscal Gustavo Onel, junto a los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitó una orden de registro al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz. Entre la noche del jueves y la mañana del viernes, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó ambos establecimientos y logró rescatar a 31 personas.
El jefe del Departamento Región 5 de Trata de Personas, Lucas Musuruana, explicó en diálogo con el móvil de EME: “Hubo una denuncia hecha por el RENATRE y ARCA. A partir de eso se realizaron los allanamientos y se vieron a las personas en las condiciones que vivían. Inmediatamente se los trasladó hasta Tostado para su alojamiento y contención”.
Además, detalló la precariedad en la que se encontraban los trabajadores: “Había carpas armadas con cielo bolsa, sin baños y sin servicio eléctrico. No tenían recursos para vivir”.
Musuruana subrayó la gravedad del caso: “El delito de trata de personas vulnera derechos. La voluntad de la víctima estaba viciada. Había dos menores de edad, mientras que el resto son mayores. Solamente había hombres”.
Tras los procedimientos, se secuestraron celulares y un cuaderno con anotaciones, además de identificar a dos personas que quedaron bajo investigación por el presunto delito de trata laboral.
La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Municipalidad de Tostado implementaron medidas urgentes de asistencia para garantizar alojamiento y alimentación a las víctimas. También intervino el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
