La relación entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de sus momentos más tensos. En ese contexto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó con la designación de veedores para auditar las cuentas de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, una medida vinculada a un expediente abierto por la Inspección General de Justicia (IGJ).
A pesar de la decisión, desde la Casa Rosada buscaron bajar el tono del conflicto y aclararon que el objetivo no es confrontar con la organización que rige el fútbol argentino. Según indicaron fuentes oficiales, la intención es revisar la situación financiera de la AFA y conocer en detalle sus balances y operaciones.
La medida se enmarca en una auditoría sobre los números de la entidad, en particular los estados contables y las relaciones comerciales con distintas empresas vinculadas al fútbol profesional. La IGJ había impulsado previamente la designación de inspectores para revisar esos movimientos, una iniciativa que ahora el Ministerio de Justicia decidió sostener.
Sin embargo, el contexto político agrega tensión al proceso. Durante los últimos días, el Gobierno lanzó críticas contra la AFA por su intervención en la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo detenido durante más de un año en Venezuela. La participación de la dirigencia del fútbol en esas gestiones generó malestar en el entorno presidencial, donde interpretaron la maniobra como una “diplomacia paralela” que dejó al Ejecutivo fuera de las negociaciones.
En medio de ese clima, incluso surgieron versiones sobre posibles acciones judiciales contra la entidad. Por ahora, lo único formalizado es una acusación impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que apunta a la AFA y a su presidente por una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por unos 7.500 millones de pesos.
A pesar de los cruces, en el Gobierno insisten en que la auditoría no debe interpretarse como un ataque directo contra la organización. Fuentes oficiales remarcaron que la revisión forma parte de una política más amplia destinada a analizar el funcionamiento de distintas asociaciones y organizaciones.
En ese marco, también comenzó a tomar fuerza dentro del oficialismo la idea de impulsar cambios en las normativas que regulan a entidades civiles, gremios y organizaciones sociales. La intención, según explican en el entorno presidencial, sería “modernizar las leyes” que rigen a este tipo de instituciones.
En paralelo, Mahiques volvió a instalar un debate histórico dentro del fútbol argentino: la posibilidad de que los clubes adopten el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas. El funcionario manifestó públicamente su apoyo a esa alternativa y consideró que cada institución debería tener la libertad de decidir su forma jurídica.
Actualmente existe una causa judicial vinculada a la implementación de ese modelo y a una medida cautelar que frenó su avance, un tema que el Gobierno sigue de cerca.
Así, mientras la Selección argentina mantiene a la AFA en el centro de la escena deportiva y política, el Ejecutivo busca avanzar con controles sobre su estructura administrativa y financiera. La relación entre el poder político y la conducción del fútbol argentino, por ahora, sigue sumando capítulos de tensión.
