El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto de reforma integral de la Ley de Salud Mental que introduce modificaciones sustanciales al régimen vigente desde 2010. La iniciativa, presentada mediante el Mensaje 108/2026, propone un cambio de enfoque que refuerza el rol de la psiquiatría, amplía los criterios de internación involuntaria y redefine el concepto de riesgo que habilita la intervención del Estado.
El texto también contempla modificaciones a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y a artículos del Código Civil y Comercial, con el argumento oficial de “corregir dificultades interpretativas” que, según el Gobierno, limitaron la respuesta ante situaciones de gravedad.
Uno de los puntos centrales es la ampliación del objeto de la ley. La reforma incorpora explícitamente la prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria en salud mental, además de la protección de derechos.
En paralelo, se refuerza el enfoque médico dentro de los equipos interdisciplinarios, estableciendo la obligatoriedad de la presencia de al menos un médico psiquiatra. Además, se le otorga un rol central en evaluaciones, diagnósticos e internaciones, marcando una diferencia respecto del esquema actual, que prioriza un abordaje más equilibrado entre disciplinas.
En materia de adicciones, el proyecto mantiene su inclusión dentro de la salud mental, pero habilita un abordaje más clínico y específico, con dispositivos ambulatorios o de internación según cada caso. También incorpora formalmente a hospitales psiquiátricos y clínicas privadas dentro de la red asistencial, y prohíbe el rechazo de pacientes por su condición de salud mental.
Uno de los cambios más relevantes se introduce en el régimen de internaciones involuntarias. El criterio vigente de “riesgo cierto e inminente” es reemplazado por la noción de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que amplía los supuestos de intervención.
Según el Ejecutivo, esta modificación busca evitar interpretaciones restrictivas y permitir respuestas más tempranas. Las internaciones seguirán siendo excepcionales, pero se incorpora un “enfoque situacional” que contempla antecedentes y evolución probable del cuadro.
Para su implementación, se requerirá el dictamen de dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra. De forma excepcional, podrá decidirse una internación con un solo médico, con revisión obligatoria en un plazo de 24 horas.
El proyecto también redefine el rol judicial. El juez deberá ser notificado dentro de las 24 horas y contará con tres días para resolver la situación. Además, podrá ordenar una internación si el sistema de salud no actúa pese a cumplirse los requisitos legales.
En tanto, el alta y la externación quedarán en manos del equipo de salud, aunque con seguimiento posterior por hasta seis meses. La reforma también ajusta el Código Civil y Comercial y redefine procedimientos vinculados al consentimiento informado y situaciones de urgencia.
Finalmente, se introducen cambios en los mecanismos de control: las inspecciones en instituciones deberán realizarse por equipos interdisciplinarios con participación obligatoria de psiquiatras.
Con este proyecto, el Gobierno plantea un giro en el paradigma vigente, pasando de un modelo centrado en la desinstitucionalización y el enfoque de derechos, hacia uno con mayor intervención médica y ampliación de criterios de internación.
