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miércoles, abril 22, 2026
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Casi 80 falsas amenazas en un día: Santa Fe formalizó el cobro de operativos

La medida busca que quienes generen intimidaciones afronten los costos de los despliegues, que promedian entre 5 y 7 millones de pesos. En un día se registraron 78 intervenciones.

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El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe formalizó este martes un protocolo para recuperar los gastos generados por operativos activados ante falsas amenazas, en respuesta al fuerte incremento de estos episodios en toda la provincia.

Según explicó la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, la iniciativa apunta a que los responsables —o sus tutores en caso de ser menores— asuman el costo económico que implica cada intervención estatal. “Ya tenemos cuatro casos individualizados de amenazas a escuelas donde aplicaremos sanciones económicas de recupero”, señaló en EME.

La funcionaria detalló que, una vez identificado el autor, se abre un expediente administrativo y se realiza una evaluación integral del operativo desplegado. “Intervienen distintas áreas del Ministerio para determinar el carácter del procedimiento, ya que no es lo mismo actuar en el centro de la ciudad de Santa Fe que en una localidad como Monte Vera. Por eso los montos pueden variar”, explicó.

En promedio, cada operativo tiene un costo que oscila entre los 5 y 7 millones de pesos, aunque puede ajustarse según la magnitud del despliegue requerido. “Una vez notificada la persona, tendrá cinco días hábiles para pagar. Si no lo hace, se dará intervención a Fiscalía de Estado para iniciar las acciones legales correspondientes”, advirtió Orciani.

La medida se implementa en un contexto de alta cantidad de alertas. Solo en una jornada se registraron 78 llamados en todo el territorio provincial, aunque desde el Ministerio aseguran que los casos comenzaron a descender. “Tenemos evidencia de que las intimidaciones están bajando. Hoy, a mitad de mañana, llevamos 15 intervenciones”, indicó la funcionaria.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es desalentar este tipo de conductas, que generan un importante despliegue de recursos y afectan el normal funcionamiento de instituciones, especialmente en el ámbito educativo.

Escuchá la palabra de Georgina Orciani en EME:

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