El Gobierno de la provincia de Santa Fe reforzó este lunes las advertencias por los reiterados casos de amenazas en establecimientos educativos y puso el foco en el impacto legal y económico de estas conductas, que ya generaron decenas de intervenciones en toda la provincia.
Según informaron las autoridades, en una sola jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas, lo que activó distintos protocolos de seguridad y requirió despliegues policiales en múltiples puntos del territorio.
Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fue contundente al remarcar el alcance de las sanciones: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, afirmó al móvil de EME.
El funcionario detalló que cada operativo de respuesta ante este tipo de amenazas tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, y adelantó que el Ejecutivo provincial avanzará en el recupero de esos fondos. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, sostuvo.
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En esa línea, explicó que el Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a la Fiscalía de Estado, iniciará acciones legales para reclamar el resarcimiento económico a quienes generen falsas alarmas o amenazas que deriven en despliegues de seguridad.
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, pidió reforzar el rol de las familias y de las instituciones educativas en la prevención. “Convocamos a una alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado”, señaló, y advirtió que estas conductas no solo tienen consecuencias disciplinarias, sino también penales.
Las autoridades remarcaron que este tipo de hechos constituyen el delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal, y pueden derivar en antecedentes judiciales para los responsables, además de sanciones económicas indirectas vinculadas a los operativos.
El Gobierno provincial insistió en que se trata de una problemática en crecimiento que altera el funcionamiento normal de las escuelas y obliga a destinar importantes recursos de seguridad para su abordaje.
