A once años de la primera movilización del movimiento Ni Una Menos, la Asociación Civil Casa del Encuentro difundió un nuevo informe del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano que contabiliza 3.424 víctimas fatales de violencia de género entre el 3 de junio de 2015 y el 3 de junio de 2026.
El relevamiento incluye 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cuatro lesbicidios, 269 femicidios vinculados de varones y niños y 78 trans travesticidios. Además, el informe revela que 3.840 hijos e hijas quedaron sin su madre como consecuencia de estos crímenes.
«Una cifra terrible es que 3.840 hijos e hijas quedaron sin su madre. Lamentablemente no son solo números», señaló Alejandra Benaglia, responsable de Comunicación de la Casa del Encuentro, en diálogo con EME.
Detrás de las cifras
Benaglia remarcó que los datos reflejan el impacto social que generan los femicidios y otras formas extremas de violencia de género.
«Detrás de cada uno de esos números hay familias, hay parejas, amigos, vecinos que quedaron sin esta mujer que fue asesinada por su condición de mujer», sostuvo.
La referente recordó además que la Casa del Encuentro elabora estadísticas sobre femicidios desde 2008 y que, hasta 2016, sus informes eran la única fuente de datos disponible a nivel nacional. También destacó que uno de los principales reclamos del primer Ni Una Menos fue precisamente la creación de estadísticas oficiales sobre violencia de género.
Críticas al Estado y al Poder Judicial
Durante la entrevista, Benaglia cuestionó el funcionamiento de distintos organismos encargados de prevenir y abordar la violencia machista. En particular, señaló que persisten falencias en la actuación judicial y en la evaluación de riesgos cuando existen denuncias previas contra agresores.
«Qué importante es que el Poder Judicial dicte las medidas de acuerdo a un contexto de género, a un contexto de violencia de género y en un contexto de riesgo», afirmó.
Asimismo, reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela y una mayor capacitación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. «Necesitamos que se cumpla con la Ley Micaela. Es la ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado», expresó.
La integrante de la Casa del Encuentro también manifestó preocupación por la reducción de políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia de víctimas.
«Hoy no tenemos un organismo rector de políticas de género, no tenemos un plan nacional de prevención como indica la Ley 26.485 y tenemos una línea 144 prácticamente desmantelada», aseguró.
Finalmente, advirtió que la violencia de género requiere un abordaje integral por parte de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. «Hace falta mucha perspectiva de género en las instituciones, en los medios de comunicación y en la sociedad toda. Solo estamos pidiendo que no nos maten, que no nos abusen, que no nos peguen, que no nos violenten», concluyó.
