Un grupo de afectados por la quiebra presentaron ante la justicia una medida cautelar para detener la licitación de las plantas industriales y las marcas de la cooperativa
Un consorcio integrado por acreedores laborales y comerciales de SanCor, productores tamberos y asociados de la cooperativa, anunció la presentación de acciones para detener el avance de la licitación y remate de las plantas industriales y del portafolio de marcas.
Presentaron ante la justicia de Rafaela, una medida cautelar autónoma de prohibición de innovar con la que intentan suspender el llamado a licitación de las seis plantas industriales y las marcas de la compañía.
Esta medida llega luego de años de crisis financiera, concurso preventivo y posterior declaración de quiebra.
La láctea llegó a esta instancia después de un prolongado deterioro financiero que afectó su capacidad productiva, su nivel de actividad y su relación con proveedores y trabajadores.
La cooperativa acumuló una deuda cercana a los u$s120 millones, con un pasivo compuesto por obligaciones comerciales, laborales, fiscales y compromisos con integrantes de la cadena productiva.
Ahora, el proceso judicial busca vender activos para atender los reclamos de los acreedores, pero un sector de ellos sostiene que esa salida puede terminar destruyendo valor y afectando la estructura productiva regional.
El eje del reclamo del consorcio de acreedores es que la venta judicial no derive en una fragmentación de SanCor, por ello reclaman que se analice una alternativa que permita mantener la empresa funcionando.
Además de la cautelar, el Consorcio presentó un recurso directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.
El grupo cuestiona que el juez de primera instancia haya cerrado el tratamiento del plan alternativo de continuidad empresarial en la misma jornada en que se dictó la quiebra. Según denunciaron, la decisión se tomó por una diferencia de apenas 14 minutos registrada en el sistema informático judicial.
La estrategia legal está encabezada por el estudio Regali & Asociados, con los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo como representantes del espacio.
Otro de los puntos incluidos en la presentación es el pedido de una investigación penal sobre los incendios que afectaron el núcleo operativo de la planta de Sunchales.
El Consorcio solicitó una investigación profunda y sostuvo que las hipótesis manejadas por las autoridades apuntan a que los siniestros podrían haber sido intencionales.
Los representantes legales plantearon que una eventual maniobra de ese tipo podría haber generado una pérdida de valor de los activos y perjudicado directamente a los acreedores.
La estrategia del Consorcio también incluyó un pedido de audiencia con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El objetivo, según explicaron, es coordinar acciones del Estado provincial para defender las fuentes de trabajo y preservar la estructura productiva vinculada a SanCor.
