Este jueves comenzó la etapa de alegatos en la Causa Laguna Paiva II, el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y que busca determinar responsabilidades por hechos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Se trata de la instancia previa al veredicto, en la que las partes expondrán sus conclusiones y formularán los pedidos de pena para los cuatro imputados: el ex juez federal Víctor Brusa y los ex policías Eduardo Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti.
El proceso judicial, iniciado en mayo pasado, tiene como particularidad que por primera vez en Argentina se juzga como delito de lesa humanidad el abandono de persona hacia las infancias y la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes durante el terrorismo de Estado.
Desde el móvil de EME, el abogado querellante Federico Pagliero destacó la relevancia histórica del proceso y sostuvo que el juicio representa un avance en el reconocimiento de las víctimas más vulnerables de la represión ilegal.
“En este juicio, por primera vez en el país, se juzga el abandono de niños y niñas”, afirmó.
Sobrevivientes esperan cerrar una etapa de 46 años
Uno de los querellantes y sobrevivientes, Mario Páez, expresó la importancia de llegar a esta instancia luego de décadas de reclamo de justicia.
“Después de 46 años de lucha y de pedidos por justicia, creo que nos merecemos esta atención para culminar y cerrar una etapa tan difícil que venimos soportando hace muchísimos años, marcada por la indiferencia y el olvido”, sostuvo.
Páez también cuestionó que durante años personas vinculadas al terrorismo de Estado hayan podido vivir en libertad.
“Muchos genocidas andaban en la calle y algunos vecinos nuestros estaban viviendo en nuestra ciudad con total libertad”, manifestó.
De cara al fallo, aseguró que mantienen expectativas en la resolución judicial.
“Esperamos eso, confiamos en la justicia. Estuvimos esperando muchos años para esto y creemos que hoy tenemos que terminar con la impunidad y tomar las medidas que corresponden”, señaló.
La querella destacó la prueba reunida y el rol de Brusa
El abogado querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Federico Pagliero, destacó el acompañamiento realizado durante años a los sobrevivientes y remarcó la importancia de la prueba incorporada al debate.
“Desde APDH estamos muy orgullosos de llevar adelante la representación de este colectivo de sobrevivientes que venimos acompañando hace más de 10 años, luego del juicio de Laguna Paiva I”, explicó.
Sobre las declaraciones de las víctimas, señaló: “Estas infancias no sólo declararon en este juicio, sino que declararon en 2021. Hicieron un esfuerzo muy grande y estamos orgullosos de poder atravesar las puertas de este tribunal con la novedad del delito de abandono de personas”.
Pagliero sostuvo que, según la querella, la prueba reunida durante el proceso debe derivar en una condena.
“Entendemos que con la gran prueba colectada el tribunal tiene un deber jurídico y un deber histórico de hacer lugar al pedido de esta querella y al reclamo de sobrevivientes que llevan más de 46 años”, afirmó.
Además, hizo referencia al rol del ex juez federal Víctor Brusa, a quien la querella señala como parte del aparato represivo.
“Pudimos acreditar que, además de haber sido parte del engranaje judicial participando en interrogatorios bajo tormentos y utilizando declaraciones fraudulentas para iniciar causas penales, Brusa tuvo una participación criminal directa formando parte de la patota que invade las casas, secuestra a Mario, a su mamá y a su papá, y abandona a los niños a su suerte”, indicó.
La sentencia se conocería el próximo jueves
Durante la jornada de alegatos también se destacó el acompañamiento de organismos de derechos humanos, instituciones públicas, universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales que forman parte del proceso.
Según confirmó Pagliero, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe tiene previsto dar a conocer la sentencia el próximo jueves 30 de julio, fecha en la que se conocerá la resolución sobre los cuatro acusados y uno de los capítulos pendientes de la investigación por delitos de lesa humanidad en la provincia.
