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lunes, agosto 10, 2026
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Geriátrico clandestino de Nuevo Horizonte: esta semana definirán si la dueña continúa detenida

María Laura M., de 51 años, fue imputada por el presunto abandono de siete adultos mayores que permanecían alojados en una residencia sin habilitación. Este martes se realizará la audiencia de medidas cautelares, donde la Justicia deberá resolver si dicta prisión preventiva o le permite afrontar el proceso en libertad.

Además

La causa que investiga el funcionamiento de un asilo clandestino en el barrio Nuevo Horizonte tendrá este martes una jornada clave en los tribunales de Santa Fe. La Justicia deberá definir la situación procesal de María Laura M., de 51 años, señalada como la encargada de la residencia donde se encontraban alojados siete adultos mayores.

La audiencia de medidas cautelares se realizará durante la jornada del martes, en un horario que será establecido por la Oficina de Gestión Judicial. Allí se determinará si la mujer continúa privada de su libertad bajo prisión preventiva o si recupera la libertad mientras avanza la investigación, eventualmente sujeta a determinadas reglas de conducta.

María Laura M. permanece detenida desde la semana pasada, cuando se presentó voluntariamente ante la Policía de Investigaciones (PDI) después de permanecer varios días prófuga.

 

La investigación comenzó tras un incendio

El caso salió a la luz el 29 de julio, luego de un incendio registrado en una vivienda ubicada en calle Gollán al 10.100, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

A partir de la intervención de los servicios de emergencia y las primeras actuaciones, se detectó que el inmueble funcionaba como una residencia para adultos mayores sin la correspondiente habilitación municipal.

En el lugar se encontraban siete personas mayores, situación que derivó en una investigación judicial para determinar las condiciones en las que permanecían alojadas y las responsabilidades de quienes estaban a cargo del establecimiento.

 

 

La Fiscalía sostiene que María Laura M. cobraba dinero por alojar a los adultos mayores y que, a cambio del canon, debía garantizarles alimentación, atención sanitaria, alojamiento y contención.

 

Acusada de abandono de persona

La mujer fue imputada por el presunto delito de abandono de persona.

De acuerdo con la acusación fiscal, la residencia presentaba condiciones deficientes de infraestructura que habrían puesto en riesgo la salud de los adultos mayores.

Entre las irregularidades señaladas durante la investigación aparece la falta de cloacas y sanitarios adecuados, además de deficiencias vinculadas con las condiciones de alojamiento.

La Fiscalía también planteó que los residentes no contaban con suficiente abrigo, ropa de cama ni alimentación adecuada durante el tiempo que permanecieron en el inmueble.

Ahora, la Justicia deberá analizar los elementos reunidos hasta el momento y determinar si existe riesgo procesal suficiente para mantener a la acusada privada de su libertad.

 

Otro empleado fue imputado y recuperó la libertad

La investigación también alcanzó a un empleado de la residencia, identificado como Ricardo H., quien fue imputado por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad.

Según la acusación, el hombre habría dejado encerrados a los adultos mayores en el inmueble luego de retirarse del lugar en al menos una oportunidad.

Tras la audiencia de imputación, el empleado recuperó la libertad y continuará vinculado a la causa bajo una serie de reglas de conducta.

La situación de María Laura M., en cambio, será definida este martes, cuando se lleve adelante la audiencia de medidas cautelares.

 

Qué resolverá la Justicia

La jornada será determinante para establecer cómo continuará el proceso respecto de la principal acusada. La Fiscalía buscará que la mujer permanezca detenida, mientras que la defensa podrá plantear alternativas para que atraviese la investigación en libertad.

Más allá de la medida cautelar que finalmente se adopte, la causa continuará con el objetivo de reconstruir cómo funcionaba la residencia, determinar las condiciones en las que permanecían los adultos mayores y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

El expediente se inició a partir de un hecho accidental que permitió poner al descubierto el funcionamiento de un establecimiento que, según la investigación, operaba sin habilitación y bajo condiciones que podrían haber representado un riesgo para las personas alojadas.

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