La Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó al Estado Nacional realizar la reparación integral e inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, una decisión que pone nuevamente en el centro de la escena el deterioro de los principales corredores viales del sur santafesino.
El fallo fue dictado por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, a partir de una acción de amparo promovida por la senadora provincial por General López, Leticia Di Gregorio, quien había recurrido a la Justicia luego de una extensa serie de reclamos administrativos y políticos por el estado de las rutas.
“El juez federal de Venado Tuerto, a instancias de un recurso de amparo que presenté yo el año pasado, respondió favorablemente, dictó sentencia y ordena a Vialidad Nacional, de forma inmediata y urgente, la reparación integral de las rutas 7, 8 y 33”, explicó Di Gregorio.
La legisladora resumió la situación de los corredores con una definición contundente: “Son tres rutas nacionales que atraviesan el departamento, muy grande, y hoy están destruidas”.
Qué ordenó la Justicia
La sentencia establece que las rutas deben ser reparadas de manera integral, y no solamente mediante intervenciones parciales o bacheos.
Según explicó Di Gregorio, la resolución contempla la repavimentación completa de los tres corredores en todo el trayecto que atraviesa General López.
En el caso de la Ruta Nacional 33, el tramo comprendido en el departamento va desde Rufino hasta Firmat. La Ruta Nacional 8 atraviesa el territorio desde Maggiolo hasta Wheelwright, mientras que la Ruta Nacional 7 recorre el sector sur del departamento, pasando por localidades como Rufino, Aarón Castellanos y Diego de Alvear.
“Ordena la reparación integral, es decir, la repavimentación completa de las tres rutas en todo el trayecto que atraviesa el departamento General López”, señaló la senadora.
La decisión judicial se fundamentó en el deterioro de las calzadas y en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad para quienes utilizan diariamente estos corredores.
Del bacheo urgente a la repavimentación completa
Di Gregorio recordó que el amparo fue acompañado en su momento por una medida cautelar que buscaba conseguir intervenciones urgentes sobre los sectores más deteriorados.
El objetivo era evitar que la situación empeorara mientras avanzaba el proceso judicial de fondo.
“El año pasado, cuando presentamos el amparo, sabiendo lo que demoraba, presentamos en paralelo una medida cautelar urgente para el bacheo de algunas zonas más complicadas. A esa medida cautelar Vialidad cumplió a medias”, explicó.
Sin embargo, aclaró que la nueva resolución tiene un alcance mucho mayor.
“Esto ahora ya es la sentencia al amparo de fondo: ya tienen que cumplir sí o sí”, sostuvo.
Y detalló qué implica la reparación ordenada: “Tienen que levantar toda la capa asfáltica y volverla a hacer en todo el trayecto de las tres rutas”.
La diferencia es sustancial: mientras la primera medida apuntaba a solucionar de manera provisoria los sectores más peligrosos, el fallo actual establece una intervención integral sobre los corredores.
Un reclamo que llegó después de meses de pedidos
La presentación judicial no fue el primer reclamo realizado por los vecinos y representantes de General López.
Di Gregorio recordó que durante meses se sucedieron movilizaciones, notas a Vialidad Nacional, pedidos de informes en el Senado y gestiones ante autoridades nacionales y provinciales.
“Hemos hecho movilizaciones en la rotonda, notas enviadas a Vialidad infinidad de veces, y el recurso de terminar en la Justicia fue como la última instancia que nos quedaba”, relató.
Según la senadora, también hubo gestiones en Buenos Aires y Santa Fe para solicitar tareas básicas de mantenimiento.
“Presentamos muchos escritos, en julio, en octubre del año pasado, en diciembre, pidiendo que corten el pasto, que iluminen una curva, y siempre la respuesta es que no hay plata”, cuestionó.
La discusión por los recursos para las rutas
Uno de los principales cuestionamientos de Di Gregorio apunta a los recursos que se generan a través del impuesto a los combustibles y que, según plantea, deberían traducirse en obras de infraestructura vial.
“Nosotros pagamos todos los días un impuesto nacional a los combustibles cuando cargamos nafta, que es el 16% de cada ticket”, afirmó.
La legisladora sostuvo que una parte importante de esos recursos debería regresar a las provincias en forma de obras y mantenimiento.
“De un ticket de 100.000 pesos, 16.000 pesos los estamos mandando a Nación, y eso debe volver en obra vial y no está volviendo”, manifestó.
En ese sentido, aseguró que durante el último año Santa Fe habría aportado 480.000 millones de pesos en concepto de ese impuesto sin recibir, según su planteo, una inversión equivalente en infraestructura vial.
“Acá, solo en Santa Fe, el año pasado enviamos 480 mil millones de pesos y nos seguimos matando en las rutas”, cuestionó.
“Las rutas se usan todos los días”
Para Di Gregorio, el deterioro de los corredores nacionales no es solamente un problema para quienes realizan viajes de larga distancia, sino que afecta directamente la vida cotidiana de los habitantes del departamento.
“Nosotros las usamos para ir de un club al otro, de un pueblo al otro, para estudiar, para trabajar”, explicó.
La senadora remarcó que muchas personas deben trasladarse diariamente entre localidades para concurrir a sus trabajos, centros de salud o establecimientos educativos.
“Hay gente que trabaja en los pueblos y viene a Venado, o vienen al hospital de Venado, o estudian. Y las usamos todo el tiempo”, señaló.
En ese contexto, vinculó el estado de las rutas con los accidentes y las consecuencias que sufren quienes circulan diariamente por ellas.
Qué puede pasar si no se cumple el fallo
La expectativa ahora está puesta en el cumplimiento efectivo de la sentencia.
Di Gregorio consideró que el Estado Nacional debe acatar la decisión judicial y advirtió que existen herramientas para exigir su ejecución.
“Yo espero que sí, quiero creer que el Estado Nacional no puede desoír una orden judicial”, sostuvo.
Y agregó que, ante un eventual incumplimiento, podrían avanzar medidas como multas diarias y responsabilidades para funcionarios que no acaten la resolución.
La legisladora mencionó entre los funcionarios que, según su interpretación, podrían quedar alcanzados por eventuales responsabilidades a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Marcelo Campoy, en función de las áreas nacionales involucradas.
La resolución, además, establece que la obligación de garantizar las reparaciones recae sobre el Estado Nacional, independientemente de quién ejecute finalmente las obras.
“El fallo dice clarito que lo puede hacer el Estado Nacional a través de Vialidad Nacional o las empresas que concesionaron, pero la responsabilidad final es del Estado Nacional”, explicó Di Gregorio.
Vialidad puede apelar, pero la obra debe cumplirse
La senadora también se refirió a la posibilidad de que Vialidad Nacional recurra la sentencia.
“Vialidad puede apelar, pero no tiene sentido porque ya tiene que sí o sí cumplir con la medida que ahora le está exigiendo el Juzgado Federal”, afirmó.
El escenario abre ahora una nueva etapa: después de los reclamos, las presentaciones judiciales y las medidas cautelares, la discusión pasa por cómo y cuándo comenzará la reparación integral de los tres corredores.
Para General López, se trata de una intervención de gran importancia: las rutas 7, 8 y 33 conectan localidades, zonas productivas, centros urbanos y establecimientos sanitarios y educativos de todo el departamento.
La sentencia judicial marca así un punto de inflexión en el reclamo. El desafío ahora será que la orden de reparar integralmente las rutas deje de ser una decisión judicial y se transforme en obras concretas sobre el asfalto.
