Representantes de repartidores y cadetes de aplicaciones de delivery se reunieron este miércoles con la diputada provincial Verónica Baro Graf y el Observatorio de Víctimas para reclamar la reglamentación de la Ley de Deliverys Seguros, aprobada por la Legislatura santafesina en mayo de 2025.
A más de un año de su aprobación, los trabajadores aseguran que la normativa todavía no fue implementada y reclaman al Gobierno provincial que avance con su reglamentación. Entre las herramientas previstas se encuentran sistemas de monitoreo de los vehículos y mecanismos de alerta para situaciones de emergencia.
El reclamo se da en un contexto de creciente preocupación por los hechos de inseguridad que sufren quienes realizan repartos en la ciudad. Desde el sector aseguran que pueden registrarse hasta cinco robos por día y advierten que los trabajadores quedan expuestos mientras circulan por distintos barrios.
Una ley que todavía espera su implementación
Durante el encuentro, Baro Graf recordó que la iniciativa fue aprobada luego de un debate en el que el Ejecutivo provincial introdujo modificaciones respecto del sistema de geolocalización originalmente planteado.
«Ellos propusieron otro sistema de monitoreo. Nosotros dijimos: bueno, ahora nos falta que digan cuál y que lo podamos poner», explicó la legisladora en el móvil de EME.
La diputada señaló que la responsabilidad de definir cómo se implementará la herramienta quedó en manos del Ministerio de Seguridad.
«Esto está bajo el Ministerio de Seguridad, o sea que son ellos quienes tendrían que decir cómo vamos a implementar», sostuvo.
En ese sentido, Baro Graf cuestionó que existan leyes aprobadas por la Legislatura que luego demoran en ponerse en práctica.
«Hay muchas cosas que no se implementan a pesar de que la Legislatura lo ha aprobado», afirmó.
Por ese motivo, adelantó que volverán a reclamar formalmente al Ejecutivo para conocer qué ocurrió con la reglamentación y exigir que la norma pueda comenzar a ejecutarse.
Más que proteger al repartidor
Para Baro Graf, el objetivo de la ley no se limita a proteger a quienes trabajan como cadetes. La legisladora sostuvo que los repartidores también pueden convertirse en una herramienta para mejorar la prevención del delito.
«Nosotros fundamentamos que también ellos son como los ojitos ciudadanos, porque pueden ver la realidad de la calle», explicó.
La iniciativa contempla además la posibilidad de establecer mecanismos de denuncia anónima para que los trabajadores puedan aportar información sobre situaciones delictivas sin quedar directamente expuestos.
«Le serviría al Ministerio de Seguridad también tener esos ojitos que ven», agregó.
La diputada también destacó que los sistemas de geolocalización permitirían actuar sobre los vehículos sustraídos, ya que, según explicó, bicicletas, motos y utilitarios robados a repartidores pueden posteriormente ser utilizados para cometer otros delitos.
«Cuando les roban el utilitario, la bicicleta, la moto, lo que sea, también después se utiliza para delinquir. Y nosotros decimos: obviamente que no es el delivery el que delinque», remarcó.
En esa línea, consideró que la implementación de la norma tendría un impacto más amplio sobre la seguridad ciudadana.
«Para nosotros sería muy importante que esto ayudara a la seguridad ciudadana, no solo para el bienestar de ellos, sino para el bienestar de toda la población», sostuvo.
Violencia contra los trabajadores
Desde la Asociación de Cadetes Delivery de Santa Fe también remarcaron que los robos dejaron de ser episodios aislados y que la violencia utilizada contra los trabajadores genera especial preocupación.
Fernanda Fernández, referente de la organización, señaló que la cantidad de personas que se incorporan a la actividad continúa creciendo como consecuencia de la situación económica.
«En Santa Fe, de manera continua, 1.500 inscriptos. Estamos hablando de más de 20.000», afirmó, en referencia al universo de trabajadores vinculados a la actividad.
«Con la situación económica del país se va incrementando», agregó.
Fernández también recordó algunos de los episodios recientes que tuvieron como víctimas a repartidores.
«Sin ir más lejos, la chica que fue de público conocimiento, a la que le tiraron cinco tiros y uno le logró impactar en la pierna, es compañera de nosotros», relató.
Además, contó otro hecho ocurrido pocos días atrás: «A una compañera le metieron un culatazo, le robaron la bicicleta, el celular, la mochila, le robaron todo. Pero aparte, ese golpe prácticamente casi le quita la vida».
Para los trabajadores, estos episodios muestran la necesidad de contar con herramientas de prevención y respuesta que permitan reducir la exposición de los repartidores mientras desarrollan su actividad.
Un sector cada vez más numeroso
Los representantes del sector remarcaron que el crecimiento de la cantidad de cadetes está directamente relacionado con la necesidad de generar ingresos en un contexto económico complejo.
La actividad reúne a trabajadores que utilizan sus propios vehículos y elementos de trabajo para realizar las entregas, quedando expuestos durante buena parte de la jornada en la vía pública.
Baro Graf puso el foco precisamente en esa situación: «¿Ustedes piensan que estos chicos trabajan por cuenta propia, en el sentido de que ponen ellos su material para el trabajo? Además del esfuerzo físico».
La diputada también destacó el rol que cumplen los repartidores en situaciones cotidianas en las que otros ciudadanos prefieren evitar desplazarse.
«A veces el delivery va a situaciones muy particulares porque la gente no quiere salir, no quiere comprometerse, no quiere arriesgar, y ellos arriesgan para llevar esa comida, para llevar ese medicamento», señaló.
Reclamo para reglamentar la norma
Tras la reunión, los trabajadores acordaron continuar las gestiones para solicitar explicaciones al Gobierno provincial y exigir que la Ley de Deliverys Seguros pueda finalmente ponerse en funcionamiento.
Desde el sector consideran que la reglamentación permitiría avanzar en mecanismos de monitoreo, identificación y alerta ante situaciones de riesgo.
Baro Graf sostuvo que la aprobación de la ley y las modificaciones realizadas por el propio Ejecutivo demostraron que existió una decisión política de avanzar con la protección del sector.
«Hubo voluntad porque no les gustó la idea del GPS o del chip. Pero sí aseguraron un monitoreo concreto de dónde estarían los utilitarios, de dónde estarían las personas», explicó.
Ahora, el reclamo apunta a que esa decisión se traduzca en una herramienta concreta.
«Vamos a volver a pedir que esto se pueda reglamentar para poder ejecutar», afirmó la legisladora.
Según planteó, una vez que el sistema esté implementado y sea conocido por los trabajadores y la ciudadanía, también podría funcionar como una herramienta preventiva.
«Una vez que se hace público y se ejecuta esta ley, obviamente que va a haber una especie de prevención del delito para que no sean tan atacados ellos», concluyó.
