La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales volvió a escalar luego del fracaso de la audiencia de mediación realizada el viernes. Tras más de tres horas de reunión, no hubo acuerdo entre las partes y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó que la Justicia avance con la ejecución de la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con determinados artículos de la Ley de Financiamiento Universitario.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades buscan recuperar condiciones que les permitan funcionar con normalidad, pero cuestionó duramente la falta de cumplimiento de las decisiones judiciales.
“No hubo acuerdo después de una reunión de más de 3 horas”, explicó Bartolacci al referirse a la audiencia. Según indicó, la instancia fue importante y “debería derivar en alguna decisión judicial en los próximos días”.
En ese marco, el CIN planteó “que se ejecute finalmente la cautelar y que se dicte sentencia respecto a la cuestión de fondo”, que todavía permanece sin resolución en primera instancia.
Reclamo por el cumplimiento de la medida judicial
Bartolacci recordó que está próximo a cumplirse un año desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y que ya transcurrieron casi dos meses desde que una resolución judicial, a partir de un fallo de la Corte Suprema, estableció obligaciones para el Poder Ejecutivo.
“Ya van casi 2 meses desde que una orden judicial, a partir de un fallo de la Corte Suprema, le impone al Poder Ejecutivo la responsabilidad de aplicar los artículos 5 y 6 de la ley”, señaló.
Esos artículos contemplan, entre otros aspectos, mecanismos de actualización salarial para trabajadores universitarios y la actualización de las becas destinadas a estudiantes.
Para el titular del CIN, la situación excede la discusión presupuestaria y plantea un problema institucional.
“Es peligroso lo que está sucediendo”, advirtió, al cuestionar qué valor tienen las decisiones del Congreso y de la Corte Suprema si finalmente no son cumplidas por el Poder Ejecutivo.
En esa línea, alertó sobre la posibilidad de que se genere “un precedente peligroso” para la institucionalidad del país.
Un 32% de pérdida salarial
Uno de los principales reclamos de las universidades está relacionado con la evolución de los salarios docentes y no docentes frente a la inflación.
Bartolacci explicó que, tomando como referencia diciembre de 2023, existe actualmente un desfasaje del 32% entre la inflación acumulada y los incrementos salariales efectivamente percibidos.
“Es del 32%”, precisó el rector, al explicar cuál sería la actualización necesaria para cumplir con lo establecido por el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario.
A ese porcentaje, agregó, deberían sumarse las discusiones vinculadas con los retroactivos correspondientes.
Las becas Progresar, otro punto del reclamo
El financiamiento de las becas estudiantiles también forma parte de la discusión.
Bartolacci cuestionó que el monto de la Beca Progresar permanezca sin actualización significativa desde 2024.
“La Progresar todavía está en 35.000 pesos, como estaba en septiembre de 2024”, afirmó.
Según explicó, mientras se incrementaron los requisitos académicos para acceder y conservar el beneficio, el monto económico no acompañó esa evolución.
Desde su perspectiva, la beca “se tiene que actualizar casi en un 80%”.
Pérdida de investigadores y trabajadores
El impacto de la situación presupuestaria también se refleja, según Bartolacci, en los recursos humanos del sistema universitario.
“Perdimos recursos humanos valiosos”, afirmó al ser consultado por las consecuencias de la reducción de los fondos destinados a las universidades.
El rector vinculó esta situación con una caída cercana al 50% en las transferencias durante los últimos dos años, un escenario que, según sostuvo, favoreció el pluriempleo docente y provocó la salida de investigadores.
La problemática no se limita a los salarios. También alcanza el mantenimiento de edificios, equipamiento informático y tecnológico, áreas que, de acuerdo con Bartolacci, enfrentan dificultades luego de tres años de restricciones presupuestarias.
El impacto es particularmente visible en instituciones que cuentan con edificios patrimoniales, como la UNR y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde las necesidades de mantenimiento requieren inversiones permanentes.
Advertencia por el sistema científico
Bartolacci también expresó preocupación por la situación de la ciencia y la investigación en el país.
Calificó al escenario actual como “terminal si no se revierte” y señaló que en los últimos años se produjo una pérdida de investigadores, además de la interrupción de proyectos y líneas de financiamiento nacionales.
Para el presidente del CIN, la crisis del sistema científico termina afectando al conjunto del país y no solamente a las universidades.
En ese sentido, identificó como uno de los aspectos más preocupantes una “campaña sistemática de desprestigio hacia la universidad y el sistema científico”.
Según sostuvo, ese proceso de deterioro de la imagen de las instituciones científicas y universitarias termina perjudicando las capacidades estratégicas de Argentina.
Tres años de conflicto
Bartolacci también repasó el recorrido institucional realizado por las universidades durante los últimos tres años.
Según explicó, el sistema universitario agotó distintas instancias formales: desde la presentación de proyectos de ley y el posterior veto, hasta los intentos de modificar las previsiones presupuestarias, los fallos judiciales de primera y segunda instancia y, finalmente, la intervención de la Corte Suprema.
En ese contexto, reclamó que el Gobierno nacional asuma el mismo nivel de responsabilidad institucional y cumpla con las decisiones adoptadas por los distintos poderes del Estado.
Nuevo paro universitario
Mientras continúa la disputa judicial, el conflicto universitario también tendrá una nueva expresión gremial.
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios convocó a un paro nacional para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.
El escenario podría volver a tensarse en los próximos días, especialmente de cara a la paritaria prevista para el 1 de septiembre.
Luego de esa instancia, el CIN realizará un plenario los días 3 y 4 de septiembre para analizar la situación y “determinar las acciones hacia adelante”.
El reclamo universitario queda así atravesado por dos frentes: la definición judicial sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la negociación salarial. Para Bartolacci, el objetivo sigue siendo recuperar las condiciones necesarias para que las universidades puedan funcionar con normalidad y sostener su actividad académica, científica y tecnológica.
