El edificio inconcluso ubicado en la esquina de Suipacha y 9 de Julio, en pleno barrio Constituyentes de la ciudad de Santa Fe, volvió a quedar en el centro del debate por su estado de abandono. A pocos meses de cumplirse 32 años desde que la construcción quedó paralizada, el concejal Lucas Simoniello impulsó una carta abierta dirigida a sus propietarios para buscar una solución definitiva al inmueble.
La iniciativa fue presentada junto a vecinos de la zona, quienes acompañaron con sus firmas el pedido para abrir un canal de diálogo entre los propietarios, el Estado y distintos actores que puedan contribuir a recuperar el edificio.
“Fue así, en un llamamiento público y una carta abierta a los dueños para decir basta, sabiendo de que en noviembre se van a cumplir 32 años de que la esquina está paralizada”, explicó Simoniello en diálogo con EME.
El concejal recordó que el inmueble quedó atravesado por un conflicto con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) luego del denominado apagón de 1994, una situación que derivó en un prolongado proceso judicial.
“Sabemos que hubo un problema complejo con la Empresa Provincial de la Energía, fue el famoso apagón del año 94. Esta calle urbana, de las 400 que tenemos relevadas, es una de las más emblemáticas, y tenemos que decir basta”, sostuvo.
Una deuda millonaria y una construcción desactualizada
Uno de los obstáculos que aparecen al momento de pensar una solución es la situación económica y administrativa del inmueble. Según explicó Simoniello, el edificio acumula una deuda superior a los 26 millones de pesos.
“Es un inmueble que tiene más de 26 millones hoy de pesos de deuda”, señaló.
Sin embargo, consideró que la deuda no debería convertirse en el único eje de la discusión.
“26 millones de pesos de deuda es el menor de los problemas. El problema es tener un lugar inseguro, el problema es tener cartelería que lucre con la mugre, el problema es tener usurpaciones, tener un nido de ratas y normalmente un aguantadero para los delincuentes”, cuestionó.
Además, explicó que el edificio fue construido bajo criterios y normativas de comienzos de la década de 1990, que actualmente quedaron desactualizados.
“Es un inmueble que fue construido con la lógica constructiva del año 93, 94, que seguramente le pueda faltar alguna cochera, que los locales habitables no son de las mismas características que se hacen hoy”, detalló.
Para Simoniello, esas diferencias normativas y administrativas tampoco deberían impedir la recuperación del inmueble.
“El peor de los escenarios es el que está”
El concejal sostuvo que mantener la construcción en el estado actual representa el peor escenario posible tanto para los propietarios como para los vecinos.
“El peor de los escenarios es el que está. Hemos perdido muchísimo en materia de seguridad, en materia de higiene urbana”, afirmó.
En ese sentido, destacó que el problema trasciende al edificio y afecta directamente a quienes viven y trabajan en el entorno.
“Hay que hablar con los comerciantes del entorno, con los vecinos del entorno. Realmente la pasan muy, muy mal”, sostuvo.
La situación también genera dificultades para quienes circulan diariamente por la zona.
“Las caries urbanas es el problema del barrio, uno de los principales problemas. Porque cuando baja alguien del colectivo es el lugar por donde no quiere caminar”, describió.
Según Simoniello, el inmueble también representa un riesgo permanente por la posibilidad de ocupaciones y por las condiciones de higiene.
“Es un problema donde pasan las ratas. Es un problema donde permanentemente hay riesgo de usurpación”, afirmó.
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Una propuesta para destrabar la situación
Frente a este escenario, Simoniello planteó que la salida debe surgir de un acuerdo entre los distintos actores involucrados.
“Le proponemos públicamente poder llegar a un acuerdo para acercar los problemas que puedan tener los propietarios y las necesidades principales”, explicó.
La propuesta contempla convocar a los propietarios, pero también sumar capacidades técnicas e inversores que permitan determinar qué posibilidades concretas existen para terminar, adaptar o recuperar la construcción.
“Hacemos este llamado público, esta carta pública, para citar a los propietarios y articular con la Universidad Tecnológica, que pueda hacer un control de estabilidad y habitabilidad, y también a inversores”, señaló.
El objetivo es determinar si la estructura puede ser recuperada y qué modificaciones serían necesarias para adecuarla a las exigencias actuales.
“Creo que en esta calle en particular lo mejor que puede pasar es que se termine, que vuelva a la vida urbana y que en definitiva haya jóvenes viviendo, familias viviendo o comercios habilitados”, afirmó.
Los propietarios y un conflicto que también necesita una salida
Otro de los aspectos que complejizan la situación es la falta de acuerdo entre quienes tienen derechos sobre el inmueble.
Simoniello contó que algunos privados vinculados al edificio se comunicaron y plantearon que existen posiciones diferentes respecto del futuro de la propiedad.
“Me dicen: la verdad que hay el 50% de mi familia que quiere vender, pero el 50% lo ve como una oportunidad, porque la verdad que no nos podemos poner de acuerdo”, relató.
Ante esa situación, el concejal planteó que el conflicto entre particulares no debería trasladarse indefinidamente a la ciudad.
“Cuando no se pueden poner de acuerdo, ¿y qué culpa tiene la ciudad? ¿Qué culpa tenemos nosotros?”, cuestionó.
Por eso, insistió en la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles para encontrar una alternativa que permita recuperar el inmueble.
Un relevamiento de 405 “caries urbanas”
El caso de Suipacha y 9 de Julio forma parte de un relevamiento más amplio realizado por Simoniello y su equipo sobre inmuebles abandonados o deteriorados en distintos sectores de Santa Fe.
“Nuestro relevamiento consta de 405 inmuebles. Es un relevamiento que arrancamos haciendo nosotros con 70 y con un montón de vecinos que se sumaron a contarnos en primera persona su problemática. Hoy está en 405”, explicó.
De ese total, indicó que cerca de 380 presentan algún tipo de problemática.
Entre los puntos relevados mencionó distintos inmuebles ubicados en sectores de la ciudad, como Avenida Blas Parera, San José y Padre Genesio, JR Méndez y Blas Parera y un antiguo hotel o motel situado sobre Blas Parera al 9300.
En este último caso, destacó que el reclamo vecinal permitió que los propietarios intervinieran y mejoraran las condiciones del lugar.
“Producto del reclamo, los dueños se hicieron cargo y lo limpiaron, y está en buenas condiciones”, señaló.
Para el concejal, el objetivo es que esos avances puedan replicarse en otros puntos.
“Nosotros lo que queremos es una ciudad sin estos puntos negros, estas caries urbanas que son producto del abandono, no de un día para el otro, sino de mucho tiempo. Pero sabemos, no somos sonsos, de que por algo están así”, sostuvo.
Qué herramientas tiene el Estado
Simoniello también recordó que recientemente se actualizó la normativa municipal vinculada con las denominadas “caries urbanas”, incorporando mayores herramientas para intervenir sobre inmuebles que generan problemas para el entorno.
“Hace un mes y pico hablábamos de una ordenanza actualizada de caries urbana que reguló el esquema de sanción de trabajo sobre estos inmuebles”, explicó.
Según detalló, anteriormente existían determinadas condiciones que dificultaban la aplicación de sanciones.
“Estos inmuebles antes, si no tenían yuyos más de 40 centímetros, no podían ser multados. Hoy sí”, señaló.
Además, destacó que el Estado cuenta actualmente con mecanismos para intervenir y posteriormente trasladar los costos a los propietarios.
“Hoy el Estado puede entrar, puede requerir auxilio judicial para entrar y limpiar y cargarle el costo al dueño de la calle urbana”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la responsabilidad no pasa únicamente por sancionar, sino también por utilizar las herramientas existentes para modificar situaciones que llevan años sin resolverse.
Un edificio de ocho pisos que nunca llegó a terminarse
El SOL III tiene aproximadamente ocho pisos y se encuentra construido sobre un lote de unos 331 metros cuadrados. Sin embargo, según explicó Simoniello, ni siquiera existe certeza completa sobre la superficie construida debido a que el edificio no llegó a registrarse formalmente en su totalidad ante el municipio.
“Son 331 metros cuadrados el lote y tiene una mole construida que no tenemos específicamente la certeza de los metros cuadrados construidos porque ni siquiera se llegó a registrar en la municipalidad”, explicó.
La falta de registración puede convertirse en otra dificultad para avanzar.
“Si hay que registrar ese plano, no solo tiene un costo, tiene una gestión que tiene que hacer el municipio”, indicó.
Por eso, sostuvo que el desafío es identificar cada una de esas trabas y tratar de resolverlas.
“Eso puede ser una traba. Y nosotros necesitamos destrabar todo lo posible”, afirmó.
“Lo mejor que le puede pasar a la ciudad es inversión”
La carta abierta presentada junto a los vecinos busca, según Simoniello, dar una oportunidad al diálogo antes de avanzar por otras vías.
El concejal sostuvo que la intención es poner a disposición las herramientas necesarias para que los propietarios puedan encontrar una alternativa y, al mismo tiempo, que la ciudad pueda recuperar un espacio que lleva décadas paralizado.
“Ponemos a disposición todas las herramientas que sean necesarias, porque lo mejor que le puede pasar a la ciudad es inversión”, afirmó.
Y planteó una posible transformación del inmueble: “Que esas viviendas se terminen, que haya jóvenes cerca de la facultad viviendo, que haya un comercio abajo”.
En esa línea, remarcó que el objetivo de la iniciativa no es solamente resolver un problema edilicio, sino recuperar un sector de la ciudad que quedó marcado durante décadas por el abandono.
“Por eso es una carta pública para dar un tiempo por las buenas, por los acuerdos, y entendiendo la importancia y la historia de este lugar, que podemos construir un futuro mejor”, concluyó.
