Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño y la eventual ocurrencia de contingencias climáticas, meteorológicas o hídricas, el sistema educativo provincial contará con un protocolo de actuación para determinar cómo deberán funcionar las escuelas frente a situaciones que puedan afectar el dictado habitual de clases.
El documento alcanza a establecimientos de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada, y establece pautas para preservar la continuidad pedagógica, garantizar el servicio educativo y resguardar los edificios escolares.
La presencialidad será la regla general
El protocolo establece que, frente a una contingencia climática, la regla general será mantener las actividades escolares.
Las Delegaciones Regionales de Educación serán las encargadas de disponer, cuando resulte necesario, el cese de actividades y determinar su duración. La decisión deberá estar fundamentada y será adoptada luego de consultar a la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a las autoridades educativas correspondientes y a las áreas gubernamentales que intervengan en cada situación.
La suspensión podrá extenderse hasta cinco días hábiles y renovarse por un período equivalente mientras persistan las condiciones que impidan el normal desarrollo de las clases. Si la situación se prolonga, se evaluarán alternativas para recuperar la presencialidad.
Qué pasará con las clases
Cuando las condiciones climáticas impidan asistir a los establecimientos, cada escuela deberá poner en marcha su Plan Institucional de Continuidad Pedagógica.
Las propuestas deberán estar previamente planificadas y podrán implementarse de manera inmediata, tomando como referencia los contenidos prioritarios y la planificación anual de cada institución.
El protocolo establece que las actividades deberán contar con consignas claras y promover la autonomía de los estudiantes, utilizando los recursos disponibles en cada hogar.
También deberán contemplarse las diferentes condiciones de conectividad, con alternativas que permitan garantizar el acceso equitativo a las propuestas educativas.
El material pedagógico deberá permanecer disponible durante todo el período en que se interrumpa la presencialidad, como parte del seguimiento de las actividades previstas para el ciclo lectivo.
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Servicios alimentarios y edificios escolares
En las instituciones que cuentan con servicios alimentarios, las Delegaciones Regionales de Educación deberán informar la situación a la Dirección General de Seguridad Alimentaria Escolar, que determinará las medidas necesarias para sostener las prestaciones.
El protocolo también establece criterios específicos para el uso de los edificios escolares durante una emergencia.
Las escuelas no serán utilizadas como centros de evacuación, salvo situaciones excepcionales de extrema necesidad y cuando no exista otro inmueble disponible. En esos casos, la utilización deberá ser autorizada mediante una norma expresa de la autoridad provincial competente en materia de protección civil y gestión de riesgos.
La medida busca preservar las condiciones edilicias e higiénico-sanitarias de los establecimientos y evitar que su utilización para otros fines afecte el posterior regreso a las actividades educativas.
Cómo se computará la actividad del personal
En caso de suspensión de la presencialidad, las Delegaciones Regionales de Educación deberán certificar los servicios correspondientes a docentes y asistentes escolares afectados por el cese de actividades.
El cumplimiento de las tareas establecidas durante la contingencia será considerado como prestación efectiva de servicio a los efectos administrativos.
Esto también alcanzará a los regímenes e incentivos vinculados con la asistencia, incluido el beneficio de asistencia perfecta, siempre que el agente cumpla con las responsabilidades previstas en el protocolo.
Las declaraciones de Educación
El ministro de Educación, José Goity, explicó que el protocolo busca establecer una respuesta anticipada frente a eventuales contingencias y sostuvo que apunta a “garantizar el derecho a la educación y la continuidad de las trayectorias escolares del sistema educativo provincial frente a contingencias climáticas, meteorológicas o hídricas que impidan o dificulten el normal desarrollo de las actividades presenciales”.
Por su parte, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, afirmó que “planificar anticipadamente fortalece la capacidad de respuesta del sistema educativo y permite garantizar el derecho a aprender de todos los estudiantes, en un marco de responsabilidad entre la escuela, las familias y el Estado”.
