El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe manifestó su rechazo a distintos puntos del proyecto de ley denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, impulsado por el Gobierno provincial. La institución advirtió que algunas de las disposiciones propuestas podrían vulnerar garantías establecidas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
En diálogo con EME, la presidenta del Colegio, Balbina Cavalieri, explicó que el pronunciamiento institucional busca alertar sobre los riesgos que implicaría avanzar con determinadas facultades para las fuerzas policiales y el Ministerio Público de la Acusación.
La principal preocupación está centrada en la posibilidad de habilitar a la Policía a interrogar a personas detenidas sin la presencia de un abogado defensor, ya sea particular o público. Para Cavalieri, se trata de una medida de “extrema gravedad” que afecta directamente el derecho de defensa en juicio.
“Es claramente inconstitucional y vulnera directamente el derecho de defensa en juicio. Además, permite la posibilidad de que se puedan plantear abusos y arbitrariedades de una persona que está sin su defensor al lado para asistirlo en un acto fundamental de defensa como puede ser un interrogatorio o una indagatoria”, sostuvo.
La titular de la entidad recordó que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario y también puede negarse a declarar. En ese sentido, remarcó que la presencia de un defensor resulta fundamental para que quien está detenido conozca sus derechos y las condiciones en las que puede prestar declaración.
La preocupación por los allanamientos sin orden judicial
Otro de los aspectos cuestionados por el Colegio es la posibilidad de que la Fiscalía disponga allanamientos domiciliarios y medidas restrictivas de la libertad sin intervención de un juez.
Cavalieri advirtió que eliminar ese control jurisdiccional representaría un retroceso en materia de garantías y podría habilitar decisiones arbitrarias que afecten a ciudadanos sin una debida supervisión judicial.
“Algo que nos costó tanto conseguir, que haya un juez que controle, que verifique que se den las garantías constitucionales, habilitar este mecanismo significaría borrarlo de un plumazo. Es muy serio, porque tengamos en cuenta que está en juego la libertad de la gente”, expresó.
En esa línea, planteó que una redacción demasiado amplia de la norma podría permitir que una persona sea considerada sospechosa y que se ingrese a su domicilio sin una orden judicial. Para la abogada, ese escenario implicaría un avasallamiento de las garantías individuales y de la división de poderes.
Apoyo a las políticas de seguridad, con límites constitucionales
Cavalieri aclaró que el pronunciamiento no implica un rechazo a las políticas destinadas a mejorar la seguridad pública. Por el contrario, aseguró que el Colegio considera que se trata de una demanda legítima de la sociedad y que debe ser una prioridad del Estado.
“Tenemos que apoyar aquellas herramientas que no menoscaben las libertades, los derechos y las garantías de las personas que están sometidas a un proceso penal”, afirmó.
También descartó que la postura de la institución tenga una motivación partidaria o busque confrontar con el Gobierno provincial. Según explicó, el objetivo es advertir sobre las consecuencias que podrían tener determinados artículos si se aprueban en los términos actuales.
“Lo que no queremos es que por conseguir que los números bajen se apliquen medidas que atenten contra las libertades, que atenten contra las garantías constitucionales y fundamentalmente contra el derecho de defensa de la gente”, remarcó.
Convocaron a una actividad pública para explicar sus objeciones
En el marco de este posicionamiento, el Colegio convocó a una manifestación pública para este miércoles a las 12 en el Salón Alberdi de su sede. La actividad contará con la participación de especialistas en derecho penal, con el propósito de explicar los cuestionamientos jurídicos a la iniciativa y acercar el debate a la ciudadanía.
La entidad busca que la discusión sobre las nuevas herramientas de seguridad contemple tanto la necesidad de dar respuestas a la demanda social como el respeto por los derechos y garantías que establece el orden constitucional.
