Por decisión de Secretaría de Energía, los aumentos en la tarifa del gas comenzarán a regir a partir de los consumos de marzo, luego de la prórroga del aumento que se iba a llevar adelante en febrero. Con esto, Nación espera adoptar un nuevo esquema tarifario para los usuarios que saldrá a la luz luego de la audiencia pública de Energía este jueves.
El impacto monetario en las boletas de Santa Fe sigue manteniéndose reservado, aunque adelantaron que el mismo sería «importante» dado el atraso tarifario «enorme» que reconocieron a nivel local: «Es necesario incrementar la tarifa para evitar un desfase mayor», reconocieron.
Lo cierto es que un grupo de usuarios podrán acceder a una tarifa con subsidios, aunque resta saber en qué magnitud el gobierno nacional se hará cargo de la cobertura de dichos fondos.
Inicialmente se debe corroborar en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) si ya se cuenta con un beneficio. Para eso se deber ingresar al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase) y completar los datos.
Podrán acceder a este beneficio quienes formen parte tanto del nivel 2 o segmento de menores ingresos, como del nivel 3 o segmento de ingresos medios. Entre ambos segmentos en la provincia se encuentran más de 800.000 hogares en esta situación en cuanto a sus ingresos mensuales y sus bienes en propiedad.
Los usuarios del tercer segmento son los que cuentan con ingresos mensuales de entre $495.798 y $1.733.294, hasta dos inmuebles y un vehículo con menos de tres años de antigüedad, mientras que los del segundo son quienes tengan percepción neta menor a los $495.798, hasta un inmueble y no tengan un vehículo con menos de tres años de antigüedad.
Desde Litoral Gas hace semanas que advierten un «atraso tarifario notorio», a la espera de la decisión que adoptó la Secretaría de Energía sobre postergar dicho incremento, lo cual impacta en los fondos de las distribuidoras del país.
El Cofedec tiene como premisa impulsar el diálogo permanente con todas las autoridades de defensa del consumidor del país a fin de unificar criterios, políticas y acciones sobre los temas que atañen a la defensa del consumidor.
