La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó una serie de allanamientos en talleres mecánicos y desarmaderos ilegales ubicados en las zonas de Alto Verde y Colastiné Norte. Los procedimientos dejaron como saldo la detención de cinco personas, la aprehensión de una sexta y el secuestro de diversos elementos vinculados a actividades ilícitas.
Las actuaciones se desarrollaron en el marco de una investigación iniciada el 1 de septiembre, a partir de una denuncia ingresada al sistema de emergencias 911. Este miércoles se concretaron siete procedimientos que derivaron en la detención de C.J.U. (21), R.G.D. (30), P.J.G. (55), C.R.D. (28) y C.N.I. (28), mientras que O.H.A. (27) quedó aprehendido.
Durante los operativos se secuestraron vehículos, motocicletas, autopartes de automóviles y motos, 25 teléfonos celulares, dinero en efectivo y un arma de fuego, entre otros elementos. La coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, calificó como “positivo” el resultado del procedimiento y destacó la magnitud del material incautado.
Entre los elementos secuestrados se contabilizan una camioneta Renault Express, motocicletas completas y en partes, cuadros y motores de motos, motores de automóviles, tubos de GNC, diversas autopartes, un cargador de pistola Bersa calibre .380, un caño de rifle y vehículos en distintos estados de conservación. Algunos de estos presentaban numeración suprimida o carecían de dominio visible.
Investigación y clausuras
Las tareas investigativas estuvieron a cargo de personal de la Sección Delitos Especiales, que logró determinar la existencia de talleres y chatarrerías que operaban de manera ilegal y sin habilitación correspondiente. Según se estableció, los establecimientos eran administrados por integrantes de un mismo grupo familiar.
En ese contexto, los investigadores avanzaron en la individualización de los sospechosos, la verificación de antecedentes y el análisis de redes sociales de acceso público. Con los elementos reunidos, la fiscal Rosana Guadalupe Peresin solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas con la participación de los grupos de irrupción GAT, PAT y GOE de la Unidad Regional I.
Finalmente, este jueves, tras constatarse que tres de los inmuebles allanados no contaban con habilitación municipal para funcionar como talleres mecánicos ni desarmaderos, y ante la imposibilidad logística de trasladar la totalidad de los vehículos y autopartes secuestrados, la Fiscalía dispuso la clausura de esos domicilios, con la colocación de las correspondientes fajas de seguridad.
