El informe de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Honorable Senado de la Nación reveló que las transferencias a provincias y CABA aumentaron en términos reales por primera vez en meses, mientras la recaudación nacional mostró señales mixtas con caída del comercio exterior
Las transferencias de recursos nacionales a las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron los $5.485.076 millones en octubre de 2025, lo que representó un incremento mensual del 7,7% respecto a septiembre, según el informe técnico de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación.
El dato más relevante es que, al descontar la inflación del período (31,31% interanual), las transferencias mostraron una suba real del 0,9%, marcando un punto de inflexión después de varios meses de caídas en términos ajustados.
Provincias recuperan terreno en términos reales
Del total distribuido, las 23 provincias recibieron $5.365.056 millones, con un aumento del 7,7% respecto al mes anterior. Dentro de este monto, la coparticipación federal —el régimen principal de distribución— representó $4.897.132 millones, registrando un incremento mensual del 8,2%.
La comparación interanual reveló que la coparticipación federal creció un 33,25% en valores nominales, lo que se tradujo en una mejora real del 1,5% al descontar la inflación acumulada. Es el cuarto mes consecutivo con variaciones interanuales positivas para este indicador clave del federalismo fiscal.
Buenos Aires encabezó la distribución con $1.247.446 millones (22,74% del total), seguida por Santa Fe con $469.684 millones (8,56%) y Córdoba con $457.396 millones (8,34%). En el extremo opuesto, Tierra del Fuego recibió $63.615 millones (1,16%) y Santa Cruz $82.413 millones (1,50%).
CABA: doble flujo de recursos
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió $120.020 millones por coparticipación federal, de los cuales $119.276 millones correspondieron al régimen de la Ley 23.548, que representa el 99,4% de sus transferencias ordinarias.
Adicionalmente, en el marco del acuerdo judicial celebrado con la Corte Suprema de Justicia, la Ciudad recibió $74.585 millones durante octubre a través del Presupuesto Nacional. Esta cifra eleva el acumulado anual por este concepto a $906.593 millones, recursos que se transfieren por fuera del sistema tradicional de coparticipación.
El acuerdo, firmado el 26 de septiembre de 2024, establece que el pago de la medida cautelar que dispuso el traspaso del 2,95% de la masa coparticipable se efectúa mediante partidas presupuestarias específicas, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre el costo efectivo de los servicios de seguridad transferidos.
Recaudación nacional: luces y sombras
La recaudación tributaria nacional totalizó $16.165.742 millones en octubre, con un crecimiento mensual del 4,7% (2,3% en términos reales). Sin embargo, la comparación interanual mostró un incremento nominal del 26,48% que esconde una caída real del 3,7% al ajustar por inflación.
El Impuesto a las Ganancias lideró el desempeño positivo con una recaudación de $3.277.944 millones, aumentando 12,2% respecto a septiembre. En términos interanuales, el tributo mostró una suba real del 13,1%, consolidando su cuarto mes consecutivo de crecimiento. Este comportamiento resulta determinante para la masa coparticipable, ya que Ganancias representa el 37,64% de los recursos distribuibles.
El IVA, por su parte, aportó $5.773.182 millones con un incremento mensual del 5,2% (2,16% real). La comparación interanual arrojó un alza real del 0,3%, marcando el quinto mes consecutivo con variaciones positivas. El IVA constituye el 58,25% de la masa coparticipable, por lo que su evolución resulta crucial para las finanzas provinciales.
El comercio exterior frena
El sector que mostró mayor debilidad fue el comercio exterior, con una recaudación de $1.057.363 millones que representó una caída mensual del 17,3% (-19,1% en términos reales). La variación interanual también resultó negativa: -19,3% en valores ajustados.
Esta contracción se explica por la combinación de menores derechos de exportación y una ralentización en las importaciones, afectando tanto a los derechos de importación como a la tasa de estadística.
La Seguridad Social, en cambio, presentó un comportamiento estable con $3.760.438 millones recaudados, lo que significó un aumento mensual del 2,4% y una mejora real interanual del 1,2%, evidenciando cierta recuperación del mercado laboral formal.
Masa coparticipable: el motor de la distribución
La masa coparticipable de la Ley 23.548 alcanzó los $8.529.986 millones en octubre, con un crecimiento del 8,23% mensual (5,8% en términos reales). Esta aceleración se explica por el dinamismo conjunto del IVA y Ganancias, los dos pilares del sistema.
Del análisis surge que Ganancias aportó $3.211.043 millones (37,64% de la masa), mientras que el IVA contribuyó con $4.968.734 millones (58,25%). Los impuestos internos sumaron $319.155 millones (3,74%), completando los principales componentes del régimen.
Tras las detracciones legales correspondientes, la distribución primaria destinó el 57,36% a provincias, el 1,40% a CABA y el 41,24% quedó para el Tesoro Nacional, incluyendo el 1% para el Fondo ATN (Aportes del Tesoro Nacional).
Asimetrías territoriales: la brecha persiste
El informe del Senado reveló marcadas disparidades en la distribución per cápita de recursos. Dividiendo las transferencias totales por la población del último censo, el promedio nacional fue de $119.521 por habitante.
Tierra del Fuego encabezó la lista con $342.511 per cápita, seguida por Catamarca con $324.886. En el extremo opuesto, CABA recibió apenas $38.447 por habitante y Buenos Aires $71.185, evidenciando la brecha entre jurisdicciones productoras de recursos y receptoras del sistema redistributivo.
Otra forma de medir la distribución es en unidades de Salario Mínimo Vital y Móvil ($322.000 en octubre). Buenos Aires concentró 3.874.055 salarios mínimos, muy por encima de Santa Fe (1.458.647) y Córdoba (1.420.485). Las provincias patagónicas presentaron los valores más bajos: Tierra del Fuego (197.563), Santa Cruz (255.940) y Chubut (260.096).
Dependencia fiscal: radiografía del federalismo
El análisis de la participación de las transferencias nacionales en el total de ingresos corrientes de cada jurisdicción durante 2024 reveló situaciones extremadamente dispares.
Formosa presentó la mayor dependencia con un 91,9% de sus recursos provenientes de la Nación, seguida por Santiago del Estero (88,8%), La Rioja (86,6%), Chaco (84,3%) y Catamarca (81,2%). Estas provincias dependen casi exclusivamente de la coparticipación para financiar sus estructuras estatales.
En el polo opuesto, CABA mostró apenas un 9,7% de dependencia, Neuquén un 18,3% (beneficiada por las regalías hidrocarburíferas), Chubut un 40,3%, Buenos Aires un 46% y Santa Cruz un 46,6%.
Para el resto de las jurisdicciones, la participación de las transferencias superó el 50% de sus ingresos totales, confirmando que más de la mitad de las provincias argentinas dependen mayoritariamente de los recursos coparticipables para sostener sus finanzas.
Estructura de la distribución: regímenes y compensaciones
La distribución de octubre se compuso principalmente del régimen de la Ley 23.548 (91,3% del total a provincias), mientras que los regímenes especiales aportaron el 4,3% y las compensaciones del Consenso Fiscal el 4,4% restante.
Los regímenes especiales incluyen recursos provenientes de impuestos a los combustibles líquidos, el Fondo Educativo (FONAVI), y diversas asignaciones específicas como el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y aportes para infraestructura.
Las compensaciones del Consenso Fiscal, que totalizaron $238.706 millones para el conjunto de provincias, representan recursos adicionales acordados en el marco de los compromisos fiscales asumidos por las jurisdicciones, principalmente relacionados con la eliminación de impuestos distorsivos y la armonización tributaria.
La deuda constitucional de 30 años
El informe técnico incluyó un anexo jurídico especial sobre la constitucionalización de la coparticipación federal, a 30 años de la reforma constitucional de 1994.
El documento recupera las intervenciones del convencional Rubén Hugo Marín durante el debate constituyente, quien calificó la incorporación del régimen al texto constitucional como una «auténtica conquista federal» destinada a abandonar el sistema transitorio que había caracterizado al federalismo fiscal argentino desde 1934.
La Cláusula Transitoria Sexta de la Constitución estableció un plazo para que el Congreso sancionara una nueva ley-convenio de coparticipación basada en criterios objetivos de distribución, respetando los principios de equidad, solidaridad y prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades.
Sin embargo, a tres décadas de la reforma, ese mandato constitucional permanece incumplido. La Ley 23.548, sancionada en 1988 como régimen transitorio, continúa vigente con sucesivas modificaciones parciales y acuerdos complementarios.
La Jornada realizada por la Comisión de Coparticipación del Senado el 3 de septiembre de 2024 reunió a constitucionalistas como Alberto Dalla Vía, Luis Francisco Lozano, Daniel Sabsay y Antonio María Hernández, quienes coincidieron en que la falta de una nueva ley-convenio vulnera el mandato constitucional y compromete el federalismo cooperativo.
Los expertos sostuvieron que el régimen actual no responde a criterios constitucionales de objetividad, igualdad ni proporcionalidad, y que la discrecionalidad en la distribución resulta incompatible con la jerarquía constitucional del sistema.
Perspectivas: entre la recuperación y la incertidumbre
Los datos de octubre muestran señales mixtas para el federalismo fiscal argentino. Por un lado, la recuperación en términos reales de las transferencias y el buen desempeño de Ganancias e IVA ofrecen un respiro a las arcas provinciales después de meses de ajuste.
Por otro, la caída del comercio exterior, la persistencia de asimetrías territoriales profundas y el incumplimiento del mandato constitucional para sancionar una nueva ley de coparticipación mantienen la incertidumbre estructural sobre el sistema.
La dependencia extrema de más de la mitad de las provincias respecto de las transferencias nacionales limita su autonomía fiscal y las expone a la volatilidad de la recaudación nacional, determinada por variables macroeconómicas que escapan al control de las jurisdicciones subnacionales.
En un contexto donde el debate sobre la reforma fiscal cobra renovada actualidad, las cifras del Senado evidencian que cualquier modificación del sistema tributario argentino tendrá impactos directos y diferenciales sobre la capacidad de financiamiento de cada provincia, reforzando la necesidad de un debate federal integral sobre la distribución de recursos y competencias entre los distintos niveles de gobierno.
Fuente: NA
