El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para que se tipifique como “vandalismo rural” a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de 2 hasta 5 años de prisión.

En las últimas semanas se incrementaron los ataques a establecimientos agropecuarios en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, entre otras zonas.

“Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley para castigar el vandalismo rural”, explicó el titular de la Cámara Baja. “Es un delito ‘nuevo’ contra la propiedad. Opera como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural”, detalló.

Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT), quien acompaña el proyecto, aseguró: “En el Código Penal actual existen algunas regulaciones previstas como ‘estrago’, pero son de ‘aplicación imposible como defensa de la propiedad’, ya que se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada”.

Según el proyecto, el delito se producirá cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de:

– Granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados;
– Bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;
– Ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados.
– Leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio.
– Alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados.

La iniciativa, también, contempla una condena de 12 años de presión para quien libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que generen un peligro para la vida. La presentación tiene como objetivo “proteger desde el origen el ciclo producción-exportación de un sector esencial de la economía nacional”.

Fundamentos

En los fundamentos del proyecto, los diputados sostienen que “el almacenamiento de granos en silobolsas, que permite acopiar y conservar granos en el lugar de la producción hasta el momento de su transporte y que es esencial al ciclo de producción-exportación, está siendo amenazada por la acción delictiva de quienes, con el fin de dañar y afectar la explotación, ingresan a los establecimientos rurales o lugares de acopio para vandalizarlos”.

Y agregaron: “El Código Penal vigente, en esta temática, presenta una doble falencia que es necesario salvar. Por un lado, existe una laguna regulatoria sobre estas prácticas vandálicas como delito contra la propiedad y por otro lado, algunas protecciones estaban incorporadas como modalidades de estrago con el yerro, a nuestro juicio, de preverlas como delitos contra la seguridad pública. Para salvar estas deficiencias legislativas y poder dar respuesta judicial certera y eficaz a las víctimas de estos atentados a la propiedad, decidimos crear la figura del vandalismo rural”.

Por último, manifestaron: “La naturaleza delictiva de las acciones tendientes a menoscabar el esfuerzo de la producción rural, hacen necesario que la ley argentina dote de instrumentos jurídicos eficaces para la protección de los productos obtenidos de la actividad agropecuaria en sus diferentes estadios, y a los cuales es necesario resguardar con la contundencia de la ley penal”.

La propuesta de Massa busca proteger y beneficiar a la producción y la economía nacional, “ya que si el producto es atentado en origen todo el ciclo se resiente, escalando en daño y damnificados. El delito propuesto de vandalismo rural intenta generar prevención general, protección legal y respuesta judicial, aportando previsibilidad y seguridad jurídica a uno de los núcleos básicos de la actividad económica del país”.