Un avión aterrizó esta mañana en emergencia sobre un campo en la zona rural de la localidad bonaerense de Otamendi, a pocos kilómetros de Mar del Plata, debido a la falla en uno de sus motores mientras volaba en condiciones meteorológicas adversas.

El hecho, que está siendo investigado por la sede central de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos Civiles (JIAAC), ocurrió esta mañana y de acuerdo a los primeros datos que se conocen, la aeronave tenía como destino la estancia «La Venancia», ubicada en las afueras de Otamendi, y había partido del aeropuerto de San Fernando.

Según los datos aportados por el piloto a quienes llegaron hasta el lugar para socorrer a los ocupantes de la aeronave, el vuelo se desarrollaba en condiciones meteorológicas adversas, pero sin riesgo para el avión y dentro de los parámetros normales de seguridad, pero la falla en uno de sus motores obligó al aterrizaje de emergencia.

El piloto, con suficiente campo visual, escogió un campo sembrado con maíz para intentar el aterrizaje, que consiguió sin mayores dificultades para los pasajeros, aunque con serios daños para la aeronave.

Se trata de una aeronave Cessna C560X matrícula LV-FQD con nueve personas entre pasajeros y tripulantes a bordo, que resultaron ilesos gracias a la pericia del piloto, que logró posar el avión sobre un campo sembrado con maíz, sin mayores daños para sus ocupantes.

Estas son las impactantes imágenes que dejó el aterrizaje de emergencia de un avión en un campo de Otamendi, muy cerca de Mar del Plata.

El Gobierno Nacional reunió a empresarios y sindicatos para firmar un compromiso social que ayude a recuperar la actividad de la Argentina.

El texto completo:

COMPROMISO ARGENTINO por el DESARROLLO y la SOLIDARIDAD
La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social.
Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla.
Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno y los representantes de los
trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, asumimos el
compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia. Sobre esa
base, vamos a construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo
inclusivo y sostenible.
Nos reúne una crisis que conlleva una oportunidad y un deseo compartido:
volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar de todas sus
hijas e hijos sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa
distribución de la riqueza.
Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa.
Para lograrlo, suscribimos este compromiso solidario: empezar por ofrecer
respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más
urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante.
Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los
argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.
Nos comprometemos, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir
con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa
de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.
En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público
que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a
nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere
condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento
de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que
ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés. Sin ello,
sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país.
Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa
deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que
ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el
nuevo gobierno argentino. No será la mera negociación de una
administración. Lograr una solución sustentable será la tarea colectiva de
todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de
la especulación financiera y la fuga de capitales.
Esa gestión será un pilar necesario, pero no suficiente, para comenzar a
construir un Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral, que
permita la unidad nacional y el acceso a la población a derechos
elementales como la tierra, el agua, el techo y el trabajo, más allá de las
diversas posiciones.
Juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso
colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato
ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común.
Aceptamos el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más
allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y
posibles de alcanzar en distintas etapas.
Esos acuerdos serán un conjunto de instrumentos precisos, factibles y
coordinados para el logro de metas definidas. No se trata de un compendio
de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos.
Por ello, coincidimos en la necesidad de poner en marcha un Consejo
Económico y Social, que procese esos acuerdos en debates multisectoriales
e informados, con tiempos de maduración acordes a su complejidad.
Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos
de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el
proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación.
Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre
los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves.
Hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y
otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen
precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y
presupuestaria para su implementación.
Otros acuerdos requieren estudios de factibilidad avanzados y una
arquitectura compleja. Deben ser tratados con premura, pero también con
la información rigurosa y el análisis profundo que exigen.
Coincidimos en que esa agenda debe incluir como temas prioritarios un
esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios
y tarifas de los servicios públicos.
En ese sentido, somos conscientes del efecto devastador de la inflación
sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de
nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha
comprometido a llevar adelante se debe reforzar en su efectividad con el
curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la
estabilidad de precios. Nos comprometemos a poner nuestros mayores
esfuerzos en ese objetivo.
Nos comprometemos a trabajar en paralelo en el tratamiento de un
conjunto de propuestas sectoriales que, a partir de la estabilización
macroeconómica y social, puedan sentar las bases para un nuevo y extenso
tiempo de crecimiento con inclusión.
Coincidimos en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar
la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor
agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la
producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la
competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y
el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los
desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven,
incrementar la participación de las mujeres, estimular a la economía
popular y a la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el
acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados.
Es nuestra vocación acercar nuestras propuestas prioritarias a las mesas de
trabajo que convoque la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como
participar de toda instancia de diálogo y debate. Cuando compartimos
decisiones es relevante manifestarlo públicamente. También podrá haber
disensos y en una sociedad democrática madura existen mecanismos
institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver esta
convivencia en la diferencia.
La formulación de acuerdos requerirá además el compromiso de todos los
poderes del Estado. Es crucial en este momento que, desde sus
características institucionales, todos se sumen a este proceso de diálogo y
generación de consensos.
Entendemos que la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto
Nacional constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un
adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan
arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas
operativas y de inmediata implementación.
Nos comprometemos a hacerlo en un marco de respeto y máxima
transparencia institucional.
Estamos convencidos y convencidas de que la Argentina debe asumir unida
sus desafíos. Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro.
Juntos podemos atender mejor los desafíos más urgentes de la deuda social
y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir el país desarrollado y
justo que todos y todas nos merecemos.

La Sala III de la Cámara de Casación ordenó el sobreseimiento del ex Presidente Carlos Memem y del ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el marco de la causa en la que se los investigaba por la venta en 1991 del predio de la Rural. En el fallo, se indica que «se ha visto vulnerado el derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable… los hechos juzgados consisten en una maniobra que habría sido cometida en 1991 y llegado casi el final de 2019, aún no ha recaido sentencia firme».

Tanto Menem como Cavallo habían sido condenados en marzo de este año con accesorias de inhabilitación absoluta de ejercer cargos públicos, por la venta a precio vil del predio de la Rural, en el barrio de Palermo. En el juicio se tuvo por probado que el valor real era por entonces (1991) 130 millones de dólares, pero el terreno se traspasó por sólo 30.