Entre los investigados figuran el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda y el camarista Martín Irurzun. El Ministerio de Seguridad, la Afip y la UIF en la mira. Casi todos los magistrados tuvieron o tienen causas que involucran a funcionarios, dirigentes o empresarios vinculados al kirchnerismo.
El gobierno espió de manera ilegal a los principales jueces del país, desde el cortesano Juan Carlos Maqueda hasta Martín Irurzun, pasando por buena parte de los magistrados de Comodoro Py y de tribunales que manejan causas clave y de alto impacto político. Esa es la principal hipótesis de la investigación que llevan adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González y que promete tensar aún más las relaciones entre Mauricio Macri y los jueces tanto oficialistas como díscolos.
Según pudo reconstruir El Destape, al menos 21 magistrados fueron víctimas de actividades de inteligencia ilegal por parte del gobierno, ejecutada desde distintos organismos públicos. A Maqueda e Irurzun hay que agregar a los espiados a buena parte de Comodoro Py, lista que incluye a la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, María Romilda Servini y al propio Canicoba Corral. Éste último, como está a cargo de la investigación, separó su caso del resto y lo mandó a sorteo.
Le tocó a la “Chuchi” Servini de Cubría. A ellos se suman jueces de tribunales que están a cargo de juicios de alto impacto, como Sabrina Namer, Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Adrián Paduczak, Javier Feliciano Ríos y José Martinez Sobrino. Y la lista sigue con jueces del fuero penal económico como Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola y Claudio Gutiérrez de la Cárcova.
El denominador común, según documentos y fuentes que hablaron con El Destape, fueron consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en varios organismos públicos. Pero la clave es saber qué estaba investigando cada uno de los organismos involucrados, que son el Ministerio de Seguridad, la Afip, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema. Excepto estas dos últimas, todos tienen como terminal el Poder Ejecutivo, principalmente a Patricia Bullrich y al titular de la UIF Mariano Federici. Todas estas dependencias quedaron en la mira de la investigación del juez Canicoba Corral y el fiscal González. El juez les pidió a todas que le comuniquen “en el marco de qué investigación y con intervención de qué Magistrado, se dispuso ingresar la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y obtener información de salidas al exterior”
El pasado 27 de septiembre, el fiscal González emitió un dictamen en el que afirmó que busca desentrañar si desde esas dependencias estatales “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Se sospecha que la información que surgió de esas tareas prohibidas se utilizó con distintos fines. Entre otros, la publicación en medios de comunicación oficialistas a modo de “apriete”. En algunas ocasiones, los artículos que involucraron a magistrados derivaron en denuncias en el Consejo de la Magistratura.
Además de los jueces, Canicoba Corral requirió a la Dirección Nacional de Migraciones que “informe si hubo solicitudes de información migratoria en los últimos dos años” respecto de-Presidentes de ambas Cámaras del Poder Legislativo, los presidentes de los distintos bloques parlamentarios de Senadores y de Diputados, “ministros del PEN y de la provincia de Buenos Aires; gobernadores de todas las provincias y el jefe de gobierno de CABA; el director y subdirecotra de la AFI” y hasta el periodista Carlos Pagni y Gustavo Vera, de la Alameda.
El juez no tiene las respuestas de todos los organismos. Pero la información parcial que recibió Canicoba Corral es alarmante. Por eso extendió la consulta al Banco Central y a la AFIP.
Quién es quién
El Destape pudo reconstruir la lista, los casos clave y quien fue el organismo que espió a cada juez. Es la siguiente:
1. Juan Carlos Maqueda (Corte Suprema de Justicia).
-Según reconstruyó la Justicia, su registro de entradas y salidas del país se realizó el 2 de marzo de 2017 desde la AFIP.
-Maqueda es un ministro cortesano de perfil peronista, aliado de Ricardo Lorenzetti en el Alto Tribunal.
2. Ana María Figueroa (jueza de la Cámara Federal de Casación Penal).
-En su caso, se hicieron dos consultas a Migraciones desde el Ministerio de Seguridad de la Nación el 12 de enero de 2018.
-Figueroa integra la sala I de la máxima instancia penal del país junto a Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Es la única de los tres que suele fallar en contra de los intereses del Gobierno.
-Por la sala I tramitan distintas causas sensibles: desde Cuadernos a Oil Combustibles, Los Sauces y Hotesur.
3. Martín Irurzun (presidente de la Cámara Federal porteña).
-La información se extrajo por vía de Policía de la Ciudad de Buenos Aires el 3 de noviembre de 2018, y por del Ministerio de Seguridad de Salta el 6 de agosto del mismo año.
-Irurzun es clave en Comodoro Py, como presidente de la Cámara Federal.
4. Mariano Llorens (Cámara Federal porteña).
-Lo espiaron el 28 de agosto de 2018 desde el Ministerio de Seguridad
-Integra la sala I de la cámara, donde tramitan causas como Odebrecht, Skanska II, etc.
5. Rodolfo Canicoba Corral (Jugado Federal Nº 6)
-En su caso, la UIF ingresó dos veces a la base de datos de Migraciones: el 26 de junio de 2018 y el 10 de junio del mismo año.
-La Nación publicó sus viajes con lujo de detalles y tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito en el Consejo de la Magistratura
6. María Eugenia Capuchetti (Juzgado Federal Nº 5)
-Ingresó al edificio de Retiro de la mano del macrismo, en mayo de 2019.
-Ocupa el juzgado que estuvo en manos de Norberto Oyarbide.
-Entre otras, en ese juzgado se encuentra una causa por enriquecimiento ilícito contra la familia Kirchner que está cerrada con un sobreseimiento. El Gobierno presionó para forzar una reapertura.
7. Sebastián Casanello (Juzgado Federal Nº 7)
-Dos organismos distintos quisieron ahondar en las entradas y salidas del país de Casanello: el 19 de julio de 2018, se interiorizó la Policía de la Ciudad. Una semana después lo hizo la Gendarmería Nacional. En esta segunda ocasión, el juez estaba viajando a un Congreso.
-Casanello tuvo a su cargo causas sensibles como la de aportantes truchos (de la que fue apartado), la ruta del dinero K (dictó la falta de mérito de CFK) y la causa Baez, entre otras.
-Además, de distintos expedientes que afectan al Gobierno y parientes del presidente Mauricio Macri (como el caso de las termoeléctricas).
-Sufrió el armado de una causa penal, motorizada por la ex SIDE, en la que se lo acusó de haber estado reunido con la expesidenta Cristina Kirchner en la Casa Rosada, algo que era falso. Según se denunció, esta acusación fue impulsada por el espía Eduardo Miragaya.
8. Daniel Rafecas (Juzgado Federal Nº 3)
-El 3 de abril del año pasado, desde la AFIP se ingresó a la base de Migraciones para conocer sus viaje.
-Se trata de uno de los jueces que el Gobierno siempre quiso eyectar de Comodoro Py.
-Tuvo en sus manos la causa por la firma del Memorándum con Irán (denuncia del fiscal Alberto Nisman), el caso Ciccone, etc.
9. Luis Rodríguez (Juzgado Federal Nº 9)
-Hubo tres consultas en Migraciones en torno a su persona desde la UIF: ocurrieron el 8 , 11 y 28 de febrero.
-Fue denunciado en el marco de la causa Cuadernos por la viuda de Muñoz de cobrar un soborno de 10 millones de dólares. El fiscal que estuvo detrás de aquella acusación fue Carlos Stornelli. Este hecho se produjo un día antes del primer ingreso a la base de datos de Migraciones.
-La acusación de Pochetti llevó a que Rodríguez fuera denunciado en el Consejo de la Magistratura y en el fuero penal.
-Tiene a su cargo diferentes causas entre las que se destacan la de Río Turbio, por la que fue detenido el exministro Julio De Vido, y el caso Traficante (D’Alessiogate).
10. María Romilda Servini de Cubría (Juzgado Federal Nº 1)
-Se realizaron dos ingresos a Migraciones, el 8 de enero y el 7 de junio de 2018, ambas desde la Policía Federal.
-Tiene a su cargo el juzgado electoral más importante del país.
-A fines de 2016 denunció públicamente aprietes del Gobierno.
11. Marcelo Aguinsky (Juzgado Penal Económico Nº 6).
-Se consultó la base de datos de Migraciones el 19 de diciembre del año pasado desde la Procuración General de la Nación.
-Investiga la causa conocida como Mafia de los contenedores, donde apareció operando la banda de D’Alessio. Focaliza en la mafia de la Aduana.
12. Javier López Biscayart (Juzgado Penal Económico Nº 9).
-Se produjo un ingreso, el 22 de agosto de 2018.
-Biscayart procesó a Lázaro Baez por evasión tributaria en marzo de 2018.
-Investigó el caso Skanska.
-En febrero de 2018 rechazó su competencia en la causa que investiga la denuncia de la Procelac por lavado de dinero contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, Camioneros y varias empresas, incluida OCA.
13. Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico N°2).
-El 11 de septiembre de 2017 entraron a Migraciones desde la AFIP.
-Yadarola tuvo a su cargo el caso Antonini Wilson. En diciembre de 2017 corría la versión en los medios de comunicación de que sobreseería a Claudio Uberti.
-En el marco de ese caso, citó a indagatoria al exministro Julio De Vido, al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray y a 8 imputados más. Ocurrió en agosto de 2018.
14. Claudio Gutiérrez de la Cárcova (Integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2).
-El 5 de marzo del año pasado, desde la AFIP ingresaron a la base de datos de Migraciones para conocer sus viajes al exterior.
-En el TOPE 2 tramita la causa conocida como Mafia de los Contenedores, en la que está acusado el cuñado de De Vido, Claudio Minnicelli.
-También pasó por ese mismo tribunal un juicio contra Leonardo Fariña.
15. María Gabriela López Iñíguez (TOF Nº 8).
-Junto a Sabrina Namer y Nicolás Toselli integran el TOF 8, que es el que juzgará a CFK en la causa por el Memorándum.
-El TOF 8 había sido sorteado para afrontar el caso Hotesur pero se trabó un conflicto de competencia y la sala I de la Cámara de Casación (la misma que integra la espiada Figueroa) resolvió que sea el TOF 5 el que intervenga tanto en Hotesur como en Los Sauces.
16. Nicolás Toselli (TOF N°8)
-El 18 de diciembre de 2017, ingresaron a la base de Migraciones desde el PJN Corte Suprema
-Interviene en causa Memorándum
17. Sabrina Namer (TOF N°8)
-Las bases de Migraciones fueron consultadas desde la Policía Federal, el 24 de noviembre de 2017.
-Interviene en causa Memorándum
18. Angel Gabriel Nardiello (Integra TOC 22 y subroga el TOF 5)
-El TOF 5 es el que juzgará a CFK en causa Hotesur y Los Sauces.
-Nardiello se negó a aplicar el 2×1 a genocidas.
-En septiembre de 2018, junto con Paduczak y Namer condenaron a tres acusados en el juicio oral por la venta de Tandanor.
-El caso Tandanor fue considerado “el mayor decomiso de la corrupción”, según publicó Infobae.
19. Sergio Adrián Paduczak
-La Prefectura Naval consultó Migraciones el 25 de septiembre del año pasado.
-También aparece en la página del Poder Judicial de la Nación subrogando el TOF 5.
-Como se mencionó, junto con Nardiello y Namer condenaron a tres acusados en el juicio oral por el caso Tandanor.
20. Javier Feliciano Ríos
-Integra el TOF 3.
-Intervino en el juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa en el que se investiga el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil Combustibles.
21. José Martínez Sobrino
-Integra el TOF 6 y subrogó el TOF 5.
-Consultado por la prensa como integrante del TOF 5 (causas Hotesur y Los Sauces) dijo que si Florencia Kirchner no se presenta en los tribunales “es una posibilidad declararla en rebeldía”, aunque confió en que la hija de la exmandataria “va a volver al país”.
-Le concedió la domiciliaria a Etchecolatz.
Llama la atención que casi todos los jueces mencionados tuvieron o tienen causas que involucran a funcionarios, dirigentes o empresarios vinculados al Gobierno anterior. Es decir, expedientes sensibles, con los que la administración actual se pudo haber beneficiado políticamente.
La cantidad de víctimas revela una sistematicidad, por lo que la Justicia busca determinar si Mauricio Macri tejió un plan para disciplinar a la justicia y amedrentar a la oposición mediante la extorsión y el espionaje ilegal.
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