Reacciones tras la balacera contra la parroquia María Reina y el colegio Paulo VI ocurrida el domingo pasado. Los sacerdotes que trabajan en los sectores populares denunciaron la creciente tenencia de armas, que se «volvió masiva».

El sacerdote hablaba con los jóvenes que concurren al Centro de vida de la parroquia cuando al salón ingreso un hombre corpulento con paso decidido. Con la frente en alto, se paró entre los pibes, miró a los ojos al cura y le dijo en tono desafiante: «Ustedes van perdiendo, acá hay cada vez menos chicos. A mí me siguen cada vez más». Después, el hombre, que los vecinos identificaron como «el distribuidor del barrio», volvió sobre sus pasos y se alejó de la capilla tan tranquilo como cuando había entrado.

El episodio sucedió hace varias semanas en una parroquia de zona noroeste. Pero se recordó ayer en un intento por ilustrar la tensión que se vive entre las instituciones de la Iglesia Católica y las organizaciones delictivas que actúan en los barrios más vulnerables de la ciudad.

El relato sonó en medio de una reunión donde un grupo de sacerdotes, que desempeñan su tarea pastoral en las barriadas populares, manifestó su solidaridad con la comunidad de la parroquia María Reina y el colegio Paulo VI, de barrio Larrea, baleados el domingo pasado.

En un duro comunicado, una docena de sacerdotes denunciaron «la creciente tenencia de armas que se ha vuelto masiva en los domicilios y en las calles» y reclamaron que se persigan «a las organizaciones que sustentan este sistema de muerte».

El documento está encabezado por la federación Familia Grande Hogar de Dios, que agrupa a los centros barriales que atienden las situaciones de vulnerabilidad social y consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, y la campaña nacional «Ni un pibe menos por la droga».

Y lleva las firmas de doce sacerdotes de distintas parroquias de barrios populares, como Claudio Castricone y Miguel Agüero (de Tablada), Fabián Belay y Augusto Notario (La Lata), Javier Pussetto y Nicolás Borelli (Italí, Las Flores y San Martín Sur) y Sebastián Amerise (Las Delicias y La Granada). Además, adhirieron una veintena de religiosos de la provincia de Buenos Aires, con el cura José María Di Paola a la cabeza.

Bajo custodia

Dos patrulleros custodiaban ayer la cuadra donde se enfrentan la escuela primaria Paulo VI y la capilla María Reina. Era el mediodía y los chicos empezaban a salir del colegio. Enfrente, en la capilla, los sacerdotes se acomodaban frente al altar para leer, un párrafo cada uno, el comunicado que describe «el drama que viven» las familias de esas comunidades religiosas.

Castricone describió que la ausencia de instituciones estatales permitió el crecimiento de organizaciones delictivas que tienen en los barrios apenas sus bocas de expendio. «El búnker es el último eslabón, pero antes de eso hay muchísimas complicidades», sostuvo al apuntar contra la policía y la Justicia, y advirtió que la actual crisis económica particularmente instalada entre los sectores populares complica aún más la situación.

«Cuando hay falta de trabajo muchos recurren a poner un quiosquito, un búnker para subsistir, y les resulta un negocio espectacular que no se da de otra forma», apuntó.

El sacerdote consideró que las políticas de Estado deben hacerse sentir en la persecución de los eslabones más altos de las economías delictivas. «Las fuerzas policiales son necesarias, te dan cierta seguridad, pero el tema no es militarizar los barrios. Creemos que la presencia del Estado tiene que estar buscando fundamentalmente a las cabezas de este sistema de narcotráfico; no con el último eslabón, como lo estamos viendo ahora», sostuvo.

Por los pibes

Los sacerdotes destacaron que en cada una de estas parroquias funcionan centros de vida y centros de niñez donde se atienden las necesidades de unos 900 niños, niñas y adolescentes. «Los jóvenes no se acercan a la Iglesia por la fe, se acercan para poder pensar en un proyecto de vida. Esas son nuestras pequeñas victorias, que un pibe pueda pensar en estudiar, en conseguir un trabajo o en formar una familia», explicaron.

Aun así, esa presencia molesta. «Disputamos un territorio y nos lo hacen saber todo el tiempo», señaló el cura, quien contó la anécdota con que comienza esta nota y pidió no ser identificado. Lo escuchaban varios curas de otros barrios de zona norte y sur de la ciudad que no se sorprendieron. Muchos habían vivido alguna vez algo parecido.

En otras parroquias, las disputas son literalmente entre la vida y la muerte. En Ludueña tienen nombre y apellido, el mes pasado fue el de Mario Barboza, un pibe de 22 años que asistía al Centro de Vida de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde había estudiado sonido e iluminación. El joven fue baleado por la espalda, un jueves por la noche cuando volvía a su casa.

«Por eso —concluyó Castricone— nuestro reclamo no es por nosotros, por los sacerdotes de los barrios, sino por la gente que todos los días se levanta a trabajar en esas zonas, por los pibes que van a las escuelas. Esos son los verdaderos héroes».

La parroquia María Reina y el colegio Paulo VI fueron baleados el domingo por la madrugada. Dos días antes, el sacerdote Juan Pablo Núñez había pedido más seguridad para el barrio y denunciado el crecimiento de la violencia entre vecinos por la venta de drogas.