Asociación Civil Madres del Cannabis Medicinal (Macame), representada por su presidente María Laura Acosta, se hizo presente el martes junto a sus patrocinantes letrados, el diputado provincial Jorge Henn y el abogado constitucionalista Domingo Rondina, en el Juzgado Federal santafesino para ingresar un recurso de amparo. El propósito fundamental del mismo es que se declare la inconstitucionalidad de toda normativa que prohíba el autocultivo de cannabis para consumo medicinal y una medida cautelar que impida toda persecución penal mientras se tramita la causa.
El exvicegobernador, quien anteriormente había solicitado formalmente al ministro de Salud de la Nación que destrabe la importación de materia prima proveniente de Uruguay para comenzar a producir cannabis medicinal en el laboratorio provincial LIF, sumó su apoyo a las madres de la asociación y advirtió que «con esto se trata de garantizar lo que los tratados internacionales y sus respectivas normas constitucionales declaran sobre defender el interés superior del niño».
«La angustia y el padecimiento de cientos de santafesinos y santafesinas que encontraron en el cannabis medicinal una esperanza para morigerar los síntomas de distintas patologías, hoy necesitan una respuesta inmediata y la pronta disponibilidad de esta medicina natural», señaló el diputado.
La acción interpuesta pide la declaración de inconstitucionalidad de cualquier prohibición o sanción a la maternal tarea de cultivo y producción de aceite para uso personal de quienes padecen ciertas enfermedades de nacimiento, incurables y frente a las cuales la medicina se ha mostrado impotente. «Obviamente lo que queremos es que el Estado lo provea pero, hasta tanto eso no ocurra, no puede prohibirse su autocultivo, siendo que además están demostradas científicamente sus condiciones medicinales», explicó Henn.
«Hace mucho que venimos peleando por esto y lamentablemente hasta el día de hoy este producto no se encuentra disponible ni en farmacias, ni en centros de salud y la única manera de conseguirlo es mediante el cultivo de la planta en nuestras casas y la extracción casera de su aceite», explicó la presidente de la asociación y remarcó: «Necesitamos que la Justicia nos acompañe en esto».
El recurso advierte además que la llamada «ley de cannabis» (Nº 27.350) sancionada por el Congreso de la Nación en el 2017 incurre en una arbitrariedad en torno a la gratuidad del acceso al medicamento cannábico, ya que la norma dispone la provisión sin costo para quienes se encuentren incorporados al «Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales».
«Tal disposición constituye una grave violación a los derechos de los niños y niñas enfermos, al pretender usarlos como cobayos y consecuentemente tacha de inconstitucional y contravencional la distinción que establece», expresa el amparo.
Efectivamente, el escrito ordena al Estado nacional otorgar gratuitamente el aceite cannábico cuando esté disponible sin forzarlos a someterse a experimentación clínica. Además deja al descubierto a un Estado que no ha podido garantizar el sistema público de producción y provisión del insumo, pese a que en la actualidad existen leyes nacionales y provinciales que habilitan el uso de aceite cannábico.
También vuelve la vista sobre el hecho de que en la Argentina sigue prohibido el cultivo de la planta, lo que obliga a la industria farmacéutica a importar los insumos siendo que su ingreso aún es ilícito.
«Garantizar el acceso al tratamiento cannábico a todos aquellos que lo necesiten se trata de una política de salud pública. Debemos dejar de lado los prejuicios y simplificaciones morales; en todo caso poner por encima de todo el único valor absoluto que conocemos, el cual es tener una vida digna», ultimó el diputado.
