Un escándalo sacudió el ámbito cultural y patrimonial argentino cuando, en una decisión tomada en tiempo récord, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones el polémico proyecto para demoler el emblemático estadio Luna Park, un ícono de la cultura y el deporte nacional. La resolución, firmada el 6 de enero, fue promovida por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, generando un fuerte rechazo debido a que el estadio, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y ubicado en un Área de Protección Histórica, tiene prohibida su demolición y cualquier modificación en su estructura original.
El proyecto de demolición contempla la ampliación del Luna Park en un 53%, aumentando su capacidad de 8.400 a 13.000 espectadores. Esta propuesta es parte de un acuerdo con DF Entertainment, empresa de Finkelstein, que tiene la concesión del estadio por 40 años y se comprometió a pagar un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión, además de un canon anual de la misma suma.
La rápida aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, desató una serie de cuestionamientos, sobre todo por la participación de Mónica Capano, presidenta del organismo, y Juan Vacas, vocal de la Comisión y actual subsecretario de Paisaje Urbano en la Ciudad de Buenos Aires, quien responde políticamente a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. La resolución, que tardó solo dos meses, se dio en medio del receso vacacional, lo que generó sospechas sobre el apuro con el que se aprobó un proyecto de tal magnitud, cuando trámites similares suelen demorarse meses o incluso años.
Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler, que defienden la preservación del patrimonio histórico, denunciaron el proyecto y pidieron acceso al expediente y al acta de aprobación, pero no recibieron respuestas. Aseguran que la modernización del estadio es viable sin violar las normas de protección patrimonial ni comprometer su valor histórico.
El gobierno porteño, que inicialmente había rechazado la viabilidad del proyecto, ahora se ve en el centro de la polémica debido a la intervención de Juan Vacas, quien participó en la votación favorable dentro de la Comisión.
El Luna Park, propiedad de la Iglesia Católica, enfrenta una incertidumbre jurídica y política. La última palabra sobre su futuro la tendrán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el papa Francisco, quien debe dar su visto bueno de acuerdo con el contrato de concesión. El futuro del mítico estadio está en manos de estos actores clave, mientras la controversia sigue generando debate en toda la sociedad.
