La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la derogación de la Decisión Administrativa 244/2013, que obligaba a las jurisdicciones y entidades del sector público a contratar exclusivamente con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para los traslados de sus funcionarios y terceros.

La normativa original formaba parte del marco regulatorio establecido por el Decreto 1191/2012, que buscaba priorizar la contratación con empresas en las que el Estado Nacional tuviera participación accionaria. No obstante, con el Decreto 70/2023 que declaró la emergencia pública en múltiples aspectos hasta 2025, se introdujo un programa de desregulación que limitó los beneficios otorgados a dichas compañías, y el posterior Decreto 747/2024 eliminó específicamente la obligatoriedad de dichas contrataciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a través de la medida publicada hoy en el Boletín Oficial bajo la Decisión Administrativa 1017/2024, argumentaron que la medida busca garantizar un régimen de contrataciones más equitativo, basado en licitaciones públicas y concursos que fomenten la transparencia y promuevan la concurrencia. La decisión entra en vigencia a partir de su publicación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) revocó hoy la Asignación Mensual Vitalicia que percibía el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, tras la confirmación de su condena penal definitiva por delitos cometidos en el ejercicio de su función pública.

La decisión, oficializada mediante la Resolución 1103/2024 publicada en el Boletín Oficial, se fundamenta en que la condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública descalifica a Boudou para recibir beneficios graciables otorgados bajo la Ley 24.018.  

En los considerandos de la resolución, la ANSES destacó que «la indignidad sobreviniente respecto del beneficiario de una asignación otorgada […] afecta también al derecho a la percepción de una gracia que acompañe el ejemplar desempeño de una magistratura relevante». Además, señaló que la asignación otorgada es «una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor» y que estos valores fueron violados por conductas delictivas que perjudicaron al erario público.

El organismo subrayó que el beneficio otorgado bajo esta normativa carece de inalienabilidad e irrevocabilidad, ya que está supeditado al buen desempeño en el cargo: «El mal desempeño […] resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa de parte del beneficiario, determinada con fuerza de verdad legal».

La resolución busca establecer un mensaje de ejemplaridad, argumentando que «la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política un significado ejemplar».

El Gobierno cerró la planta de fabricación de billetes Ciccone Calcográfica, que fuera estatizada por el kirchnerismo tras el escándalo del ex vicepresidente Amado Boudou, que fue condenado por comprar la empresa a través de amigos y testaferros.

La decisión implicaría el despido de 270 personas, que por ahora fueron “dispensadas” de trabajar.

«Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (ex Ciccone), ubicada en la localidad de Don Torcuato. En este sentido, ya se puso en marcha el operativo para el retiro de maquinaria, el cierre de las oficinas y se notificó la decisión a la dotación de personal afectada», posteó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que cerraron «definitivamente la planta ex Ciccone, uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista».

Explicó que el Estado Nacional «ya no fabricará más billetes: los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anuales».

Por su parte, en cuanto a los empleados de la empresa, Caputo dijo que las 270 personas que cumplían allí funciones «serán dispensadas hasta determinar las políticas a seguir».

En otro fragmento del mismo, informó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado «dispondrá del inmueble para la subasta y posterior venta».

El mismo -explicó Caputo- actualmente posee una bóveda de almacenamiento, que se utiliza para almacenar billetes que están próximos a ser destruidos y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina.

Sobre la maquinaria con la que contaba Ciccone, el funcionario detalló que «a partir del proceso de cierre, la maquinaria necesaria para la producción de chapa patente se instalará en los depósitos de Retiro, y se iniciará el proceso de retiro de tres máquinas de calcografía para la producción de pasaportes».

En la misma línea, añadió, «se retirará toda la maquinaria importada utilizada para la producción de billetes».

El ministro recordó en la misma publicación que «la producción de los mismos se encuentra sin operar desde el 31 de octubre, cuando el BCRA decidió rescindir el contrato vigente y dar por terminada la producción de billetes por parte del Estado Nacional».

Sobre el final, Caputo recordó los motivos de expropiación en 2012.

«La empresa había sido expropiada por el Estado Nacional el 22 de agosto de 2012 durante la gestión de Amado Boudou cuando cumplía funciones de Vicepresidente. Debido a que esta operación fue un caso de corrupción de público conocimiento, y a que hoy resulta menos oneroso que la producción de billetes se compre a distintos proveedores internacionales, no existe ninguna necesidad de que la compañía continúe en manos estatales», escribió.