Un proyecto presentado en la cámara de diputados por Fabián Palo Oliver prevé la creación de un cuerpo de auditores cuya función principal, según la iniciativa, será la de realizar un control sobre el origen de los fondos recibidos por los partidos políticos en el marco de las campañas electorales. Temor a que el dinero “no legal” derivado de acciones delictivas sea blanqueado en campañas electorales.
Por Mario Galoppo | Una iniciativa parlamentaria del diputado provincial Fabián Palo Oliver tiene como destino crear un cuerpo de auditores encargados de supervisar el financiamiento y los gastos de los partidos políticos y alianzas electorales. Además de precisar los mecanismos de financiación y proponer la creación de un fondo destinado a solventar los gastos de propaganda electoral por parte del Estado Provincial.
El proyecto obliga a cada agrupación política a canalizar todo movimiento de fondos únicamente a través de una cuenta que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina a ese efecto, de tal manera que cada contribución quedará debidamente registrada por el movimiento bancario.
También impide la donación de dinero para campañas de empresas o personas jurídicas para establecer sólo como aportantes a personas físicas, mediante el sistema de débito automático o transferencia bancaria y hasta el 5% de sus ingresos netos o hasta dos veces el monto equivalente al salario mínimo vital y móvil, lo que se alcance primero.
Finalmente, otro punto central de la norma es la creación de un Fondo destinado a solventar los gastos de difusión de propaganda electoral de los partidos políticos, el que deberá ser incluido en el presupuesto provincial.
De hecho se trata de insistir con una iniciativa que había perdido estado parlamentario por el no tratamiento, lo que otorga una idea de que el tema no parece de fácil abordaje y entendimiento entre las fuerzas políticas.
En relación a los motivos de la iniciativa, Palo Oliver destacó a Radio EME que “Santa Fe necesita que el financiamiento de los partidos políticos tenga mayor transparencia. El proyecto busca la instrumentación de mecanismos que impidan toda posibilidad de que la política sea financiada por recursos provenientes de actividades delictivas organizadas, como el juego clandestino o la narco criminalidad, que persiguen el lavado de dinero”.
“Tener la certeza de que los fondos utilizados en las campañas electorales por los partidos políticos no tengan un origen ilegal, es también una forma de contribuir a una mayor institucionalidad y evitar que el crimen organizado tenga incidencia en la cosa pública”, expresó Palo Oliver.
