El pedido al que hizo lugar el juez Carlos Leiva, fue realizado por Sain en virtud de los allanamientos por presunto espionaje por parte del ex titular de la cartera de Seguridad provincial a políticos, empresarios, gremialistas y periodistas, entre otros.
En su resolución, el magistrado requirió que “en el plazo de 10 horas que se brinde información sobre si sobre Sain pesa una orden de detención”, además de solicitar “circunstancias detalladas de la medida diligenciada el 26 de noviembre en las oficinas del Ministerio de Seguridad”, para lo cual deberán brindar información “el titular de la UR II de Policía -respecto a los organismos que de él dependen-, la Policía Federal, como también el MPA de Santa Fe -a cargo de los doctores Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez-“.
En la presentación, Sain denuncia “severas irregularidades” en los allanamientos realizados en el Ministerio de Seguridad y pidió tener acceso “al material fílmico obrante en la investigación”, específicamente a los allanamientos realizados en la sede local de la Gobernación.
Marcelo Sain planteó la posible “nulidad del acto”, esgrimiendo que “se trató de un allanamiento sin orden judicial” en el que se secuestraron “dispositivos electrónicos, y de almacenamiento de información, como así también la identificación de las personas presentes y de toda documentación relevante para la causa”.
Claro está una vez más que el ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, investigado por presunto espionaje ilegal, no será una presa fácil para quienes en la puja de poderes pretenden borrarlo del mapa. En respuesta a los nuevos ataques acaba de realizar otro fuerte “contragolpe”.
